JxC presenta proyecto para derogar la nueva ley del Tribunal de Cuentas

“Se trató de una ley que fue un verdadero golpe institucional, que robó la facultad de controlar todo gasto preventivo al Tribunal de Cuentas solo porque quedó en manos de la oposición”, expresó a Cadena 3 Gregorio Hernández Maqueda (CC-ARI).

Se trata de una norma que favorece la corrupción y la arbitrariedad de los gastos que se financian con los impuestos. “Es una ley inconstitucional”, afirmaron desde el interbloque de Juntos por el Cambio.

La semana pasada los tribunos de Cuentas de la oposición –Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán- hicieron una presentación judicial en el mismo sentido.

“Pedimos derogar la última reforma del Tribunal de Cuentas que entre gallos y medianoche mandó a aprobar el gobernador electo, Martín Llaryora, como autor intelectual, con la autoría material del gobernador (Juan) Schiaretti”, completó Maqueda.

Los cambios aprobados a la orgánica del ente de control eximen de la revisión exante de los convenios de pasantías, contratos con monotributistas, gastos de combustible y pasajes aéreos al exterior, entre otros.

A tres semanas de que asumiera Llaryora se modificaron los rituales de control, en particular la manera de alcanzar el cuórum y la aprobación ficta de los gastos preventivos.

Sobre el primero, se definen y regulan las sesiones ordinarias declarándose al cuórum constituido de manera permanente; se distinguen sesiones extraordinarias o plenarias y se admite que el cuórum pueda alcanzarse con presencia física o remota.

Sobre el segundo, se incorporan plazos específicos para el control de la intervención previa de los actos. Es decir, se prevé la aprobación ficta.

Al respecto, la iniciativa pone plazos cortísimos para analizar los gastos de la Administración Pública. Las intervenciones en los actos deberán resolverse dentro de los 18 días hábiles.

En el caso de controles preventivos, las áreas dependientes de la Secretaría de Fiscalización deberán expedirse bajo su responsabilidad, en el término de seis (6) días hábiles. Cumplido dicho plazo, se remitirán las actuaciones a las vocalías correspondientes, quienes tendrán un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles cada una para su pronunciamiento.

Vencido dichos los plazos, sin intervención del Tribunal de Cuentas, se tendrá por visado el acto administrativo sujeto a intervención.

El domingo pasado, en la asunción de Martín Llaryora, los legisladores habían colocado carteles en sus bancas con la frase: “Si no van a robar, déjense controlar”.