La Legislatura de Córdoba busca sancionar las manifestaciones

La Legislatura de la Provincia de Córdoba comenzó a debatir en comisión dos proyectos que buscan limitar y sancionar las protestas en la vía pública.

Las propuestas son del legislador oficialista de Hacemos por Córdoba, Juan Manuel Cid, y otra de los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta. Ambas iniciativas plantean la necesidad de poner pautas para la realización de marchas y sanciones que reduzcan el impacto de las movilizaciones en la vía pública, la circulación y los comercios.

En el caso de Cid, propone una modificación del Código de Convivencia (ley 10.326) con sanciones pecuniarias, trabajo comunitario o arrestos en situaciones en las que se vean afectados la “transitabilidad y el uso de la vía pública”.

Mientras que el proyecto de los radicales tiene como objeto "garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público, así como el de libre circulación e integridad física durante manifestaciones públicas” y para ello pide que los organizadores informen con 48 horas de anticipación el lugar y motivo de la protesta y busca prohibir las movilizaciones en determinadas arterias.

En diálogo con Radioinforme 3, la abogada constitucionalista Gabriela Ábalos dijo que esto nos plantea la necesidad de compatibilizar los ejercicios de los derechos. “No hay derechos que sean absolutos, no podemos pretender en el reclamo de los derechos que sea nuestra petición la única sostenida”, explicó.

“Todos los que tenemos derechos sabemos que tenemos límites y los mismos tienen que venir de la mano del Poder Legislativo. Es el camino constitucional porque ahí es donde se escuchan todas las voces”, señaló.

La especialista destacó que haya propuestas tanto del oficialismo como de la oposición y recordó que tanto en la Ciudad de Mendoza, como en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un Código de Convivencia donde aparece muy claramente la reglamentación.

Y precisó que “no se trata de prohibir ni evitar cualquier manifestación, sino que se solicita que se le avise al Estado para que pueda prever lo que va a ocurrir”.

“En el Código de Convivencia de Mendoza se dispone que toda manifestación que se lleve a cabo en las veredas no va a tener limitaciones adicionales”, ejemplificó.

Entrevista de Miguel Clariá.