Tráfico de influencias
04/09/2020 | 10:05 | El gobernador y vicegobernador tucumano resaltaron que la Justicia investigará. El magistrado denunció presiones para beneficiar a un legislador sospechado de abuso.
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Repercusiones y crisis institucional en la Justicia tucumana
El vicegobernador de Tucumán se expresó sobre el escándalo en la Justicia
La denuncia del juez de impugnación de Tucumán Enrique Pedicone, contra el vocal de la Corte Suprema provincial, Daniel Leiva generó revuelo y desató una crisis institucional en la provincia que gobierna Juan Manzur.
Pedicone acusó a Leiva por “tráfico de influencias, coacción y violación a los deberes de funcionario público”, al tratar de incidir en la causa por presuntos delitos sexuales y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi.
El camarista grabó al integrante de la Corte provincial cuando le realizaba el pedido, según dijo en nombre del gobernador Manzur y su vice Osvaldo Jaldo.
“Yo estaba preparado”, advirtió Pedicone en diálogo con Cadena 3 tras relatar otras dos causas, en las que Leiva trató de intervenir.
“Esta era la tercera vez. Creía que era la audiencia de Bussi y llamó a mi teléfono, después preparé el dispositivo, le devolví la llamada, me dijo que necesita hablar dos minutos y me pidió ir a un bar. Cuando llegué, me dijo que se identificaba con el poder político y que hablaba de boca de Manzur y del vicegobernador Jaldo que necesita tener el bloque de legisladores para que la oposición no se fuera para un lado u otro”, explicó.
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De acuerdo al pedido de Leiva, la idea era que Bussi siempre esté procesado para que tenga determinado comportamiento en la Legislatura con respecto al oficialismo ya que es presidente del bloque Fuerza Republicana.
“Acá la cuestión pasa por el advenimiento de gente ligada a la política, sin ningún antecedente académico o laurel de haber rendido un concurso y que aterrizaron en la Corte Suprema. Es gente que provenía de la fiscalía de Estado y eran del gobierno provincial”, protestó Pedicone.
“Cuando arriba Leiva hay un cambio de paradigma, de reforma judicial y una contrarreforma del Código Procesal Penal de Tucumán. Implementó un pseudo estado policial en la Corte Suprema donde todos los empleados debían fisgonear y ser espías”, alertó.
Tras estas denuncias, Manzur dijo que debe ser la Justicia “la que decida y tome decisiones”. “Vamos a respetar lo que el Poder Judicial diga”, agregó por su parte el vicegobernador Jaldo.
En declaraciones a La Gaceta, Jaldo amplió: “No hay duda de que la denuncia del juez Pedicone es grave ni de que causa conmoción social y también institucional”. No obstante, luego pidió y exigió que el camarista presente “todos los elementos y pruebas que dice tener” porque “es preocupante que se pasee como actor de cine mostrando o diciendo tener pruebas que debió presentar ante los Tribunales”.
“Qué presente lo que dice tener para el pronto esclarecimiento de la grave denuncia que hizo”, subrayó el titular del Poder Legislativo. “De la misma manera digo enfáticamente que nadie, y por ningún motivo, puede hablar en nombre del gobernador ni del vice, bajo ninguna circunstancia”, agregó.
Los obispos de Tucumán, Carlos Sánchez y Melitón Chávez, expresaron su inquietud por la coyuntura institucional de la provincia que quedó expuesta en medios locales y nacionales tras la denuncia de Pedicone y la respuesta de Leiva.
“Como pastores de la Iglesia no podemos pasar por alto esta peligrosa situación ya que, de ser así, se estaría cuestionando en cierta manera el mismo sistema republicano y democrático sin los cuales hay riesgos para el ejercicio de la libertad de los ciudadanos y el acceso a una Justicia independiente”, dijeron en un pronunciamiento conjunto este jueves.
Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Rosalía Cazorla.
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