Milei impulsa una reforma integral de seguridad contra el crimen organizado

El presidente Javier Milei envió al Congreso cuatro proyectos de ley en materia de seguridad para abordar de manera integral la lucha contra la criminalidad organizada.

El paquete incluye una nueva "Ley Antimafias; la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos; la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber para resguardar planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos".

Son medidas que el Gobierno considera "fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina".

Los proyectos llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse, y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona respectivamente.

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La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y fue diseñada para que pueda aplicarse en varios delitos.

Además, a fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo incorpora el concepto de reiterancia.

En el paquete aparece el Nuevo Registro de Datos Genéticos, en línea con las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, y propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del "Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal", en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Uno de los textos se refiere al orden público y la legítima defensa, considerando que en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad "se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa", dice el texto en los fundamentos.

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El exsecretario de Seguridad de la Nación, Miguel Robles, se refirió al proyecto y explicó que este paquete legislativo apunta a "atacar el hormiguero" del crimen organizado y no solo a los criminales individuales.

En diálogo con Cadena 3, Robles definió al proyecto como una "mini ley ómnibus en materia de seguridad" y destacó que se ha abandonado la estrategia legislativa de presentar un megaproyecto para dividirlo en varios proyectos más pequeños. El exsecretario consideró que esta división permitirá un debate legislativo más álgido debido a las distintas perspectivas y tradiciones jurídicas presentes en cada tema.

"Claramente el Estado está totalmente desbordado, no solamente en lo que tiene que ver con la conjuración del delito, es decir, la persecución y poner a disposición de la Justicia, sino además todo un proceso de justicia, pero también en lo que se refiere al tratamiento penitenciario", indicó el exsecretario de Seguridad.

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Sobre uno de los aspectos más polémicos del proyecto, la extensión de la sanción penal grave a toda la organización criminal tras un delito, Robles señaló que si bien hay consenso social sobre tratar a estas organizaciones como una unidad, el desglose jurídico individual puede generar dificultades. "¿La responsabilidad penal puede ser transferida en el marco de una organización? ¿El que dispara penalmente es igual al que está en la motocicleta esperando?", indagó.

También advirtió sobre el riesgo de intentar abordar estos ilícitos desde lo legal sin fortalecer la parte operativa. "Si tenemos una ley perfecta pero no tenemos organismos de seguridad, va a ser ilusorio". Asimismo planteó la necesidad de un "Estado en acción" que brinde respuesta a los ciudadanos y no solo cambios legislativos.

Sobre la modificación de la legítima defensa en el proyecto, Robles consideró que algunos agregados son necesarios, pero otros serán largamente debatidos por su vinculación con el derecho civil. "Podemos estar de acuerdo en un proceder, pero pasado mañana van a caer por estar en contra de otras normas dentro del sistema jurídico positivo", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá.