Pedirán elevar a juicio la causa contra Emerenciano Sena por explotación laboral

Emerenciano Sena y su pareja Marcela Acuña fueron procesados por trata de personas con fines de explotación laboral a trabajadores en el marco de la construcción de viviendas en el programa “Sueños Compartidos”. La medida fue dictada por la jueza federal Zunilda Niremperger quien además les impuso un embargo de 31 millones de pesos.

Fue a partir de una denuncia hecha en 2010 por el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo contra el matrimonio líder del movimiento “MTD 17 de Julio” y el dirigente Osmar Quintín Gómez, este último detenido por el supuesto abuso sexual de una docente.

En el marco de la construcción de viviendas a nivel nacional, el programa “Sueños Compartidos” era la planificación de casas en el predio ex campo de tiro, en avenida San Martín al 3.500 de la ciudad de Resistencia, a partir de un convenio entre la provincia del Chaco y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Como contrapartida, los trabajadores recibieron una beca del programa “Chaco por vos” de 500 pesos mensuales los cuales percibieron durante diciembre de 2008 y enero/febrero de 2009. Pero luego, según la denuncia, Sena les dio la orden de que no fueran más a cobrar la beca porque tenía que dársela a otros.

Sumado a eso, los trabajadores denunciaron que, tras ser contratados por Sena, Acuña o Quintín, estos le prometían trabajo registrado y una vivienda para sus familias. Eso no sucedió.

De acuerdo a la investigación que siguió el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, los acusados no respetaban la jornada laboral de 8 horas obligándolos a permanecer muchas más horas, y hasta incluso Sena solía colarse en el portón y a los gritos ordenaba que colocaran un candado para que nadie saliera del predio.

También que el pago era a condición si cumplían con la orden de Sena y, una vez que les pagaban, los obligaban a entregar a los acusados una parte del mismo para la compra de alimentos, herramientas, pero también hacer gorras, banderas y camisetas del movimiento piquetero que lideraban.

"La imputación tiene que ver con un típico escenario de trata laboral. Vamos a aguardar que quede firme el procesamiento y luego pedir la elevación a juicio", dijo Sabadini en diálogo con Radioinforme 3.

Además, debían aportar dinero para conformar un fondo de asistencia para los compañeros que no tenían y a algunos les hacían firmar los recibos de sueldo por la suma de 1.500 pesos y solo les entregaban 1.000 pesos.

Asimismo, las condiciones de trabajo no eran dignas, pues los hacían comer en el piso y bajo el control por parte de autoridades los escondían.

Entrevista de Miguel Clariá.