Escándalo en Córdoba
03/11/2022 | 07:56 | Luis Sosa Lanza Castelli, administrador general del Poder Judicial de Córdoba, explicó a Cadena 3 que los vehículos son entregados a la institución, en este caso la Legislatura.
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El administrador general del Poder Judicial de Córdoba, Luis Sosa Castelli, explicó a Cadena 3 la normativa por la cual instituciones públicas o privadas con fines públicos pueden disponer de autos judicializados.
Según indicó, la ley 8550 pone en cabeza del Tribunal Superior de Justicia "la administración de fijar las pautas para este tipo de vehículos secuestrados en causas judiciales".
Desde 1996, se han fijado distintas acordadas para el uso de estos vehículos que son entregados con un pedido formal del Tribunal Superior de Justicia, fundando cuáles son los motivos públicos y los fundamentos para conceder el vehículo.
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Según aclaró, los mismos quedan a nombre de la cabeza de la institución para que disponga del auto y controle que se respeten todas las medidas y acordadas.
Sosa Castelli aclaró que no sólo se entregan autos de alta gama, sino que también hay otros dependiendo la institución.
"Esos autos de alta gama no es que son solo de la Legislatura, se conforma un orden según el tipo de vehículo, conforme el uso. Uno de alta gama no se lo podemos dar a bomberos voluntarios y tampoco ellos lo pedirían", indicó.
En ese sentido, remarcó que "el auto no está señalado" y que "la ley establece un plazo para prever si el auto puede volver a su legítimo poseedor".
"Son autos de objeto de prueba o de investigación en casos concretos. En caso de que la ley lo ponga en responsabilidad del depositario judicial, este tiene la obligación de mantenerlo y devolverlo en el mismo estado en el que se lo entregó", manifestó.
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Y señaló: "En los casos en los que se producen choques o no fueron cuidados debidamente la institución deberá pagar el costo al valor del mercado e iniciar las acciones administrativas a quien cometió el hecho y mal uso de la ley".
Por otra parte, también manifestó que el control del uso debe quedar a cargo de la institución. "Lamentablemente tenemos más de 3 mil autos en esta situación y sería imposible poner a una persona detrás de cada auto, por eso queda en responsabilidad de la cabeza de la institución", aclaró sobre el control.
Entrevista de Miguel Clariá