Rechazan la reparación económica de los líderes de Surrbac para anular el juicio

El Tribunal Oral Federal Número 1 que juzga a las máximas autoridades del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrios de Córdoba (Surrbac), Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, rechazó este martes por unanimidad el pedido de reparación económica de 750 mil dólares que habían ofrecido los acusados para anular el proceso judicial en su contra.

Cabe recordar que los sindicalistas enfrentan acusaciones de asociación ilícita, defraudación y usura.

Además, el tribunal decidió suspender el juicio hasta que termine la investigación que lleva a cabo el fiscal Enrique Senestrari por el presunto delito de lavado de activos.

A su vez, el fiscal federal Hairabedián cuestionó el origen de los fondos ofrecidos para la reparación, planteando interrogantes sobre la procedencia de los 750 mil dólares.

Con este rechazo, el futuro de Saillén y Catrambone se torna incierto, ya que la suspensión del juicio se extiende hasta que se resuelva la causa por lavado de activos.

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian, consideró positiva la decisión del tribunal de rechazar el ofrecimiento de una reparación económica y explicó que "el tribunal entiende que se debe juzgar todo junto". "Habrá que esperar entonces que se complete esa investigación por lavado para que finalmente el juicio empiece de una vez por todas", subrayó.

Por su parte, el abogado defensor, Eduardo Gómez Caminos, detalló a Radioinforme 3 que la decisión del tribunal se divide en dos partes: el rechazo a la reparación integral y la suspensión del juicio. En ese sentido destacó que "el tribunal ha rechazado uno de los argumentos esgrimido por el fiscal que dice que hay un interés público en la causa" y defendió la posición de sus clientes, afirmando que hicieron una presentación con declaraciones juradas que acreditan sus capacidades contributivas.

El fiscal Hairabedian había enfatizado anteriormente sobre la importancia de asegurar la procedencia del dinero, dado el contexto de la investigación por lavado de activos. En este punto, sobre la capacidad de los acusados para demostrar el origen de los fondos ofrecidos como reparación, el letrado indicó que "la trazabilidad de los fondos recién se hubiera podido corroborar si hubiera habido una resolución favorable por parte del tribunal".

"En caso de una resolución favorable, el pago hubiera sido recién a los 60 días de una eventual resolución favorable, y recién allí podríamos investigar el origen de los fondos, lo cual está perfectamente acreditado a través de las declaraciones juradas", comentó.

Gómez Caminos también consideró que la decisión del tribunal se vio afectada por las presiones mediáticas: "Ha habido una presión en el sentido judicial y en el sentido mediático a la hora de tornar objetiva la garantía que tenemos todos nosotros de que un juez resuelva de manera imparcial", concluyó.

Informe de Francisco Centeno. Entrevista de Miguel Clariá.