Reforma judicial: qué cambios busca impulsar el Gobierno

El presidente Alberto Fernández anunció días atrás un proyecto de ley en el que propone modificaciones en la justicia federal, que sería enviado en las próximas horas al Congreso.

Siempre existieron dos propuestas, una de Vilma Lidia Ibarra (secretaria de Legal y Técnica), Marcela Losardo (ministra de Justicia) y Gustavo Beliz; y otro del Instituto Patria que durante todo este tiempo se encargó de corregir todo lo que enviaban desde el Ejecutivo.

Lo que hasta ahora se conoce es que se van a fusionar los 12 tribunales de Comodoro Py con los 11 del foro penal económico y a eso hay que agregar 23 más que se van a crear, y un total de 46 juzgados, más de la mitad vacante, que va a permitir al gobierno nombrar esos jueces.

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Además, se planea la creación de un Consejo Consultivo que va a asesorar al Presidente durante 60 días y si bien esto fue anunciado por Alberto Fernández, el mandatario no sería partidario del mismo, sino que la propuesta es impulsada por Cristina Fernández.

Al respecto, los nombres que suenan para integrarlo están fogoneados por los sectores interesados: Carlos Beraldi, defensor de Cristina; León Carlos Arslanian, ex socio histórico de Beraldi y actual abogado de Ricardo Echegaray; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista impulsado por grupo de medios importantes y Eduardo Barcesat, defensor de Hebe de Bonafini en la causa Sueños Compartidos.

Algunos analistas estiman que esto último sería una medida tomada por Alberto Fernández para amigarse con la titular de Madres de Plaza de Mayo, tras las críticas por invitar a empresarios al acto del 9 de Julio.

Si bien el titular del Ejecutivo no busca modificar la formación de la Corte, el ala del cristinismo sí apunta a ampliar el número y llevarlo a 15, con salas especializadas en distintas ramas de derecho.

No obstante, la Corte ya tiene en cada vocalía especialistas de cada rama. Cabe recordar que es un tribunal de control constitucional, al que le llegan temas relacionados con estas ramas para controlar la constitucionalidad de esos fallos.

Por otra parte, también se suma la embestida feroz por parte del sector de Horacio Verbitsky del CELS para desplazar al procurador Eduardo Casal -quien dijo que no iba a renunciar- y poner en su reemplazo a Víctor Abramovich, que fue director del CELS.

Esto último se trataría de un plan B porque el cristinismo quiere nombrar en la procuración al juez Rafecas, pero no contaría con los votos del Senado.

En este escenario, hay que sumar las declaraciones de Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que dijo: “Nos preocupa el conjunto de estas medidas y el avallasamiento sobre el Poder Judicial para vulnerar su independencia”.

Informe de Fabio Ferrer