Reparación de Legajos: la ley no contemplaba resarcimiento económico

El asesinato de Susana Montoya, que tiene a su hijo Fernando Albareda como único imputado, generó controversia, no sólo por el móvil de la codicia, sino también por la indemnización de 76 millones de pesos que el gobierno de Córdoba le otorgó a la familia.

Montoya era viuda de Ricardo Fermín Albareda un policía desaparecido durante la última dictadura militar y este mes iba a recibir una millonaria suma pagada por el gobierno de Córdoba a raíz de una interpretación que se hizo de la Ley de Reparación de Legajos.

Sin embargo, la exlegisladora Sara García, quien fue parte de la Comisión de Educación de la Unicameral y una de las autoras del proyecto de ley, aclaró en diálogo con Cadena 3 que en la misma “no estaba previsto” el pago de una suma económica como reparación.

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El objetivo de la ley era “modificar y corregir los legajos” de aquellos trabajadores que, por ser víctimas del terrorismo de Estado, figuraban erróneamente como despedidos o en abandono, aclaró García. “Era una reparación de esa situación”, subrayó. Y remarcó que nunca se estimó una reparación económica porque de eso ya se hacía cargo el Estado Nacional.

“A nuestro criterio, no hacía falta que en la ley se dejara explicitado que no tenían que pedir dinero”, aseguró García, añadiendo que la intención de la ley era clara y que las reparaciones económicas estaban a cargo del Gobierno Nacional.

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“Las reparaciones económicas estuvieron a cargo del Gobierno Nacional. Esto sería algo de otra naturaleza”, concluyó y remarcó que el espíritu de la ley era la reparación simbólica y no económica.

“Lo nuestro era esto, reparar el legajo, armar una carpeta como Cosa Exponente y entregarse a los familiares y decirles, consta que este fue un trabajador de la provincia de Córdoba de cualquiera de los poderes que fuera, que fue detenido, desaparecido en los años más oscuros de la historia argentina y acá está el final”, concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá