Según el Tribunal de Cuentas de Córdoba, el pago a Albareda no debía efectuarse

La Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba recibió este lunes una nota del Tribunal de Cuentas, firmada por su presidente, contador Beltrán Corvalán, que ha generado gran controversia.

El documento solicita información sobre el pago de la reparación histórica que iba a recibir Susana Beatriz Montoya, viuda de Ricardo Fermín Albareda.

El principal sospechoso del crimen de Montoya es su hijo, Fernando Albareda, y se investiga un posible móvil de codicia relacionado con el pago de esta indemnización por 76 millones de pesos.

En diálogo con Radioinforme 3, Corvalán explicó que "concretamente es un pedido de informe al señor gobernador, Martín Llaryora, para que en el plazo de 10 días nos informe todo lo actuado en relación al pago de la indemnización a la viuda de Ricardo Albareda".

En ese marco, Corvalán destacó que "existe por ley un requisito previo antes de realizar cualquier tipo de gasto" y que "el Estado provincial debe elevar las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que realicemos una revisión de la legalidad del acto". Sin embargo, advirtió que "en este caso el pago no se ha hecho" y que se enteraron de la situación a raíz del crimen.

También subrayó que "llama poderosamente la atención" que el expediente, que debería haber pasado por el Tribunal de Cuentas, ya se encontraba en la división de liquidación de haberes, lo que indica que estaba listo para ser pagado. "Estamos investigando si otros pagos no han pasado por el Tribunal de Cuentas", añadió.

En este sentido, Beltrán Corvalán expresó su preocupación sobre la posibilidad de que el pago se esté tratando como un "sueldo" para evitar que pase por el Tribunal.

También hizo hincapié en que "debemos saber cómo se realizaron estos pagos, si existe un acto administrativo que avale este pago, y si es correcto este acto administrativo".

En cuanto a la Ley de Reparación Histórica, los autores de la misma han confirmado que "de ningún modo planteaba pago alguno".

"Por eso queremos revisar el acto administrativo", concluyó Corvalán, quien advirtió que "este pago no sería correcto" sin la revisión del Tribunal.

La situación plantea un dilema complejo, ya que, como indicó el presidente del Tribunal de Cuentas, "hay otros desaparecidos que eran empleados públicos y que generaban inmediatamente derechos de la misma naturaleza".

Entrevista de Miguel Clariá