Anticipan una larga disputa judicial entre CABA y la Nación

Luego que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara que presentará una medida cautelar para que la Corte Suprema "disponga la inmediata suspensión" del DNU del Presidente que le quita de un punto de la coparticipación que recibe el distrito capitalino, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez opinó que la resolución judicial no será inmediata.

“Hay que ver si lo dispuesto por el Presidente se adecua formal y sustancialmente a la Constitución, desde un punto de vista formal el Presidente (Alberto Fernández) está habilitado para dictar un decreto y disminuir esta alícuota”, explicó Gil Domínguez a Cadena 3.

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Y añadió: “La cuestión que va a debatir la Corte en términos constitucionales es ver si este recorte no afecta la transferencia presupuestaria razonable que tuvo que hacer el Estado federal a la ciudad de Buenos Aires cuando le transfirió la parte de la Policía Federal”.

“La Constitución establece que cada vez que el Estado transfiere un servicio a una provincia o ciudad debe estar acompañado por la partida correspondiente, ahí va a estar centrada la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobre si con este recorte que ordenó el Presidente existe una desproporción entre ese servicio transferido y la partida que ha quedado”, detalló.

Y prosiguió: “En el artículo 75 inciso 2 la Constitución establece que la distribución de los recursos coparticipables debe ser solidaria, equitativa y propender al desarrollo integral del país, entre esos dos mandatos constitucionales se va a dirimir si lo resuelto por el Presidente es constitucional o no".

“Si prima la idea de que este recorte hace a una distribución más justa y equitativa o la de que cercena de manera desproporcionada la partida correspondiente la transferencia del servicio de seguridad”, aclaró.

Por otra parte, indicó: “El gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a interponer una acción judicial y una medida cautelar, me parece difícil que proceda esta última. La Corte, en este tipo de litigios actúa como una suerte de tribunal de Estado, llama a audiencias, trata de conciliar a las partes”.

“Hasta ahora nunca la Corte ha dictado medidas cautelares o ha resuelto sin antes llamar a audiencias y mediar entre las partes; puede llevar muchos años como lo fue en el caso de las provincias de Córdoba y Santa Fe”, recordó.

Entrevista de Fernando Genesir.