La oposición criticó las notificaciones a manifestantes

“Hice pública mi posición porque esto es muy grave desde lo institucional”, agregó Bee Sellares, el ex legislador de la UCR.

El dirigente publicó un tuit en el que manifestó su preocupación por el accionar policial y pidió explicaciones a las autoridades.

"Muy preocupante las 'visitas' intimidatorias a los comerciantes a sus casas. La Policía de la Provincia, el Gobierno y el Ministerio Público deberían dar explicaciones sobre el uso de los datos personales. Esas prácticas no corresponden en la democracia que supimos conseguir", escribió.

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“Qué triste el camino corto que toma el estado provincial ante esta situación. En vez de tirarles una soga, están buscando cómo intimidarlos para que no abran los comercios”, dijo en diálogo con Cadena 3.

El dirigente del radicalismo recordó, además, la existencia de una ley específica de protección de datos personales. “El domicilio particular es un atributo de la personalidad y vulnerarlo tiene penalidades establecidas en el Código Penal”, explicó.

Según Bee Sellares, “se requieren explicaciones urgentes”. “Si la orden la dio un fiscal, la Policía está obligada a decirlo públicamente, y el fiscal deberá explicar cuál es el argumento legal por el cual lo hizo”, agregó.

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“No alcanza con el DNU. Hay una que lo antecede, por lo cual, la situación no debe dejarse pasar”, remarcó.

“Creo que hay un manto de ilegalidad y creo que tanto la Policía como el fiscal deberían salir a explicar la situación”, finalizó.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez señaló más tarde a Cadena 3 que la notificación es "un acto de atropello y de torpeza". Apuntó que le parece "un acto de persecución cuando los delincuentes están tranquilos, saben donde están y no los molestan".

"Al gobierno se le da por hacer inteligencia policial. Son incapaces de hacer inteligencia para descubrir nidos de narcotraficantes, narcomenudeo, reducidores vendedores de autos o motochorros y lo hacemos para ver cuáles son los comerciantes que levantan las persianas después de 15 meses de estar fundidos", cuestionó.

Y expresó: "35 años de abogado penalista no vi en mi vida que el fiscal se dedique a hacer seguimiento e inteligencia policial a padres que piden que sus chicos vayan a la escuela o a comerciantes que piden abrir porque ni siquiera pueden pagar impuestos".

En tanto, la diputada nacional Brenda Austin también se posicionó en contra y manifestó su descontento con la medida. 

"Muestra con claridad que las prioridades no están puestas en lo que necesitan los vecinos, que son resolver las problemáticas de los delitos que habitualmente azotan a los cordobeses y lo peor que puede hacer el gobierno es tirar más nafta al fuego persiguiendo los derechos de los ciudadanos", señaló a Cadena 3.

Otros políticos de la oposición también sentaron postura al respecto, como el caso del diputado Mario Negri, quien también en su cuenta de Twitter publicó un video en el que puede verse a un efectivo policial leyendo el DNU frente al domicilio de uno de los manifestantes.

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“Este video es la prueba de que la Policía de Córdoba intimida con métodos autoritarios a ciudadanos en sus propias casas para impedirles que trabajen. Los cordobeses quieren trabajar para subsistir. La ciudadanía de Córdoba espera las explicaciones del Gobierno Provincial”, escribió en la red el diputado nacional.

Entrevistas de Fernando Genesir y María Eugenia Pasquali.