Justicia
30/11/2022 | 10:12 | Hernán Martínez, abogado del ex Ministro de Seguridad de Santa Fe pide conocer la prueba y discutirla ante el juez. Asegura que "puede haber un reproche administrativo, pero no penal".
Redacción Cadena 3 Rosario
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Para el abogado Martínez “la investigación del ministerio no recubre delito”.
Hernán Martínez, abogado del ex Ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain dijo que “hay una clara intención de perjudicar al gobierno de Omar Perotti y la gestión en seguridad” y que “la investigación del ministerio no recubre delito”.
“La actuación del Ministerio de Seguridad dista mucho de ser espionaje e inteligencia ilegal” fueron las primeras declaraciones del letrado que patrocina al ex ministro de seguridad provincial.
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“Se imputa a un grupo de trabajo que se encontraba realizando tareas de investigación atribuidas normativamente y que consistían en la búsqueda de datos abiertos al que pueden acceder cualquier ciudadano, eso no constituye delito”, dijo Martínez quien señaló que en la imputación “no se habló de escuchas ilegales, y menos sin órdenes judiciales”.
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El abogado confirmó que “algunas de las investigaciones eran con orden judicial” y contó que “cuando se ponen a investigar un hecho, es parte investigar a un entorno o contexto”, dijo y que tal vez lo “único reprochable es sobre quiénes o qué se investiga aleatoriamente”, pero en definitiva “es parte de la tarea designada por la ley orgánica de investigaciones”, afirma.
El letrado remarcó que “estas búsquedas del Ministerio de Seguridad en bases abiertas no están prohibidas por ley y no constituyen ilícitos y que por lo tanto queda fuera de lo que es la Ley Federal de Inteligencia”.
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Para Hernán Martínez “hay una clara intención de perjudicar al gobierno de Omar Perotti y la gestión en seguridad de Marcelo Saín”, y que lo que más le preocupa es que “no vamos a poder torcer la visión de la sociedad de Saín como el espía santafesino”.
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El letrado solicitó que la fiscalía “circunstancie qué es lo que va a usar como prueba de cargo”.
“La realidad es que la imputación tiene 65 páginas con una gran cantidad de hechos conexos desordenados que pueden derivar en una prisión preventiva. Creemos que no debería aplicarse ninguna medida de coerción”.
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