El Gobierno de Córdoba dijo que está en "stand-by" la indemnización a Albareda

Fernando Albareda es el único imputado por el crimen de su madre, Susana Beatriz Montoya (74) y, en medio de este drama familiar, se supo que el Gobierno de Córdoba había aprobado una indemnización de 76 millones de pesos para la familia, lo que ha suscitado múltiples interrogantes. El crimen ocurrió el 1 de agosto en su hogar de ampliación Poeta Lugones.

Según el fiscal Juan Pablo Klinger, el móvil del crimen sería la codicia, ya que madre e hijo estaban en disputa por una suma de 76 millones de pesos que el Gobierno provincial iba a pagar a la familia como reparación histórica por la desaparición del exmarido de Susana, Ricardo Fermín Albareda, un policía desaparecido durante la última dictadura militar.

Esa reparación es una interpretación de lo que en su momento aprobaron los legisladores de Córdoba por unanimidad en la Legislatura en marzo de 2023.

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En este contexto, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, fue consultada sobre la autorización del pago y dijo a Cadena 3 que "no ha estado bajo mi ministerio esa decisión. Lo que ha estado es lo que corresponde a la ley que sancionó la Legislatura, que es inscribir en su legajo la reparación".

Y añadió: "Desconozco cuáles han sido los pasos administrativos que se han seguido. Esa ley a la que se hace referencia no establece montos económicos. Ni siquiera establece un resarcimiento económico, establece la ley claramente que lo que debía hacerse es inscribir en el legajo del empleado público que esa persona no había faltado a su trabajo en función de que se había ausentado porque sí. Eso es lo que establece el decreto y la ley".

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"Entiendo que tiene que ver con una ley que hace a la Policía de la provincia de Córdoba, es un trámite administrativo que no está contemplado ni en la ley ni en el decreto", concluyó Montero.

Fuentes de la Casa de Gobierno de Córdoba indicaron que el pago se encuentra en "stand-by" debido a la situación judicial de Albareda, quien fue el único solicitante del resarcimiento.

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Informe de Fernando Barrionuevo.