ARA San Juan: a 6 años del hundimiento, los familiares siguen pidiendo justicia

El submarino ARA San Juan (S-42) se hundió hace seis años, un 15 de noviembre de 2017, en las profundidades del Atlántico Sur y sus 44 tripulantes murieron.

En la actualidad se siguen varias causas judiciales por este hecho ocurrido durante el Gobierno de Mauricio Macri, y además un Consejo de Guerra estableció sanciones disciplinarias para los mandos superiores de la Armada con responsabilidades en ese siniestro.

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Luis Tagliapietra, padre de Damián y abogado querellante, dijo a Cadena 3: “Nos mintieron, nos ocultaron muchas cosas, nos demonizaron, nos pusieron en un lugar de enemigos cuando lo que queríamos era, primero, encontrar a nuestros seres queridos y luego que se haga justicia”.

“Las pericias es un proceso que yo vi en vivo y directo como descubrimos los restos, se filmó todo con dos cámaras en HD y se sacaron 67 mil fotografías en HD, todo ese material lo tiene la jueza y no hizo absolutamente nada, eso es lo primero que hay que peritar; los expertos pueden ver esas imágenes y saber si nos pueden brindar alguna respuesta”, explicó.

El 8 de noviembre de 2017, la nave había partido desde la base naval de Ushuaia en una misión de patrullaje por el litoral marítimo argentino, y se sabe que un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en su sala de máquinas, que resultó subsanado por la tripulación.

Por la noche del día 16, los medios de comunicación informaron que las autoridades habían perdido contacto con el submarino, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.

Horas más tarde, el Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad reconoció el extravío de la nave, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones.

En Caleta Olivia, Santa Cruz, se inició dos días después de la desaparición del submarino una causa judicial a cargo de la magistrada Marta Yáñez.

En 2018, los familiares iniciaron una campaña en reclamo de "búsqueda, verdad y justicia", y pedían que el Gobierno licitara la contratación de un buque que realizara un rastrillaje en la zona en la cual el submarino se había perdido.

Tras 50 días de acampe en Plaza de Mayo, los familiares lograron que el Gobierno acelerara el proceso de contratación de una empresa para iniciar la búsqueda.

Finalmente, el Estado contrató a la empresa con sede en Estados Unidos Ocean Infinity que movilizó hasta la zona al buque Seabed Constructor, que inició la búsqueda con familiares de la tripulación del ARA San Juan a bordo.

El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Los restos del ARA San Juan estaban muy cerca de la posición donde el buque oceanográfico chileno "Cabo de Hornos" había indicado que podía encontrarse, una información aportada en diciembre de 2017.

En febrero del 2020, Yáñez procesó a seis altos oficiales navales: el contraalmirante Luis López Mazzeo, al capitán de Navío Claudio Villamide, al contralmirante Luis Malchiodi, al capitán de navío Hector Alonso, al capitán de fragata Hugo Miguel Correa y al capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia por estrago doloso al haber desoído las advertencias sobre el funcionamiento defectuoso del instrumental del submarino.

En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la magistrada que ampliara su investigación sobre las responsabilidades que pudieron haber tenido en el hecho Mauricio Macri, Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.

Informe de Giuliana Piantoni.