Una fiscal podría ser removida por avanzar en causas contra el ex gobernador, Sergio Urribarri

La procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, enfrentará en los próximos días un jury tras el cual podría ser removida de su cargo. 

Las denuncias contra ella comenzaron cuando estaba al frente de un juicio oral por corrupción contra el ex gobernador, Sergio Urribarri, por la que fue condenado a ocho años de prisión, y una organización que sacaba dinero de la Legislatura. 

En diálogo con Cadena 3, Goyeneche confirmó que está en riesgo su posición. "Ahora se pasa a un juicio que se me va a hacer a mí y que es un debate penal donde estoy acusada y la intención es destituirme", planteó.

"Al estar tan cerquita del juicio, estamos convencidos de que está destinado -por la composición del tribunal que me va a juzgar- con la única finalidad de conseguir la destitución", remarcó.

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La fiscal recordó que comenzó con la investigación del saqueo a las cuentas de la Legislatura. "Lo impactante fue la forma descarada en que se inició el saqueo y comenzó de casualidad, cuando un policía que estaba de turno en un cajero de un banco vio varias veces que un grupo de personas se acercaba con muchas tarjetas de débito y sacaban dinero y en noviembre se los siguió y se los detuvo en el domicilio", detalló.

"Se descubrió gran información, cuadernos y papeles y lo que se hacía era contratar gente, personal temporario que no sabía donde quedaba la Legislatura, a los que le daban una pequeña porción del sueldo que quedaba en manos de esta organización", agregó.

"El dinero llegó a manos de Juan Pablo Olivera, que es el colaborador de Uribarri y eso es lo que está como prueba en la causa", apuntó.

Goyeneche describió que "esta gente tenía en las computadoras y cuadernos todo lo que recaudaban y esa cuenta era de diez años para atrás". "Tenían contabilizado cada peso que recaudaban", subrayó.

El jury contra Goyeneche se decidió por seis votos contra uno y una de las votantes fue Claudia Mizawak, abogada defensora de Urribarri. Mientras que otro fue el juez Martín Carbonell, designado por su amistad con el gobernador Gustavo Bordet; y el doctor Daniel Carubia, quien, según la fiscal había "tenido actuaciones muy cuestionadas en este caso, liberando a todos los detenidos".

Goyeneche, quien lleva más de 15 años en la Justicia, atribuye el jury en su contra a las investigaciones que llevó a cabo contra el poder político provincial.

En ese marco, manifestó que durante las acusaciones en su contra señalaron que el estudio contable implicado en el caso de las contrataciones truchas, pertenecía a su esposo. 

Cabe recordar, que la fiscal se apartó de esa causa seis meses después por haber comprado un departamento a uno de los imputados, cuya inscripción registral no se había realizado y aparecía como de cotitularidad. 

"Lo que me pasa es una muestra de los costos a asumir. El Poder Judicial estuvo a la altura de las circunstancias y ha investigado, creo que siempre el problema del sistema judicial es siempre el mismo, hay que poner la expectativa de que como ciudadanos tenemos que poner nuestra parte", reflexionó.

Entrevista de Miguel Clariá.