Condena y sanción inédita por maltrato laboral en el Poder Judicial de Córdoba

Una condena y una sanción por violencia laboral sientan precedentes en el Poder Judicial de Córdoba. 

Por un lado el exayudante fiscal de la Unidad Judicial 21 de Córdoba, Ernesto Martín Morales, fue condenado a tres años de prisión condicional por delito de lesiones psicológicas graves agravadas por violencia de género. Morales fue destituido tras una investigación interna que reveló su conducta denigrante y sexista hacia las mujeres, empleadas bajo su mando.

Según los testimonios recabados durante la investigación, Morales realizaba comentarios sexistas y denigrantes sobre el cuerpo de las mujeres y obligaba a sus subordinadas a sentarse en su falda. La gravedad del acoso llevó incluso a una joven empleada a renunciar a su puesto en el Poder Judicial para evitar estas situaciones. 

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Juan Pablo Klinger, fiscal encargado del caso, destacó la importancia del veredicto: "Se pudo arribar a esa resolución sin precedentes gracias al reconocimiento que le otorgó el tribunal y la actuación destacada del fiscal Hugo Almirón –supo llevar adelante un proceso sin revictimizar a las afectadas–".  

Por otra parte, el juez de Ejecución penal de Córdoba, Cristóbal Laje Ross, ha sido sancionado con una multa económica de 50 JUS y una recomendación para mejorar su trato hacia las mujeres y personas con otras identidades sexuales. 

Laje Ross había generado controversia al otorgar la libertad a un delincuente conocido como "el porteño Luzzi", quien volvió a cometer delitos apenas 48 horas después de haber sido liberado. El juez fue criticado por esta decisión, pero la sanción se debe principalmente a su trato discriminatorio hacia sus empleadas.

La resolución indica que se le recomienda al magistrado que procure un espacio profesional adecuado para abordar sus dificultades respecto del trato no discriminatorio con las mujeres y personas con otras identidades sexuales. 

A pesar de la sanción, Laje Ross mantiene su cargo en el mismo juzgado. La situación depende ahora del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna comunicación oficial sobre este caso por parte del Tribunal Superior.

El ex legislador Marcelo Cossar había pedido anteriormente un jury contra este juez debido a la libertad mal otorgada al porteño Luzzi. 

Informe de Juan Federico y Francisco Centeno