Condenan a 8 años de prisión al "Madoff argentino"

El empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como el "Madoff argentino", fue condenado este jueves a ocho años de prisión como jefe de una asociación ilícita que estafó a más de 300 ahorristas por unos 16 millones de dólares, a través de la firma Hope Founds.

Según las fuentes judiciales, los delitos habrían sido cometidos entre 2007 y 2016.

En el fallo, que se conoció mediante una audiencia vía Zoom, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 condenó también a otros ocho imputados a penas de entre 1 año y 6 meses y 4 años, mientras que absolvió a los restantes siete, entre ellos, familiares directo del principal culpable.

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Por mayoría, el tribunal consideró a Blaksley (58) coautor del delito de "asociación ilícita" en carácter de "jefe" en concurso real con 311 "estafas reiteradas", "lavado de activos" e "insolvencia fraudulenta".

A su vez, le fijaron una multa de cuatro veces el monto del "producto del delito", que se calculó en poco más de 13 millones de dólares, 42.000 euros y 32 millones de pesos para el caso de la estafas, y de 2,6 millones de dólares para el lavado de activos, dinero que se ordenó decomisar.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini también condenaron a Federico Dolinkue a 4 años de prisión como "miembro" de la asociación ilícita y las estafas reiteradas; Verónica Vega a 3 años y 6 meses; Alejandro Carozzino y Pablo Willa a 3 años, Rafael De la Torre Urizar y Guillermo Müller a 2 años y 8 meses en suspenso; y a Damián Gómez y Daniel Sarsa a 1 año y 6 meses en suspenso; aunque no a todos por los mismos delitos y misma cantidad de hechos.

Al momento de los hechos, Dolinkue era el gerente administrativo de Hope Funds, Carozzino el encargado de formar las sociedades en el exterior y Vega la gerente comercial y cuñada de Blaksley.

En tanto, resultaron absueltos Francisco Blaksley Señorans, María Rita Blaksley Señorans, Alexis Dieti, Esteban Casco, María Paola D´Angelo, Felipe Badino y Juan Pablo Blaksley Señorans.

El único de los imputados que llegó a juicio detenido, aunque con arresto domiciliario, fue el empresario considerado "jefe" de la asociación ilícita, cuyo abogado defensor, Mariano José Varela, adelantó a Télam que va a apelar el fallo, que en el caso de su representado fue dictado por mayoría, con la disidencia del juez Gorini.

Mientras que para Mariano Moyano, uno de los abogados de las querellas particulares, el veredicto tuvo "sabor a poco", dado que las condenas fueron menores a las solicitadas por las partes acusadoras.

Por último, el tribunal dispuso que se conozcan los fundamentos de la sentencia el 9 de mayo próximo.

De esta manera concluyó un debate oral que se extendió por más de dos años, ya que comenzó en febrero de 2021.

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En la etapa de alegatos, que se llevó a cabo entre septiembre y fines del año pasado, el fiscal de juicio, Abel Córdoba, había pedido 10 años de prisión para Blaksley y penas de entre 5 y 6 años para los otros 15 acusados.

A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), querellante en la causa a través de los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, había requerido 12 años de prisión para el principal imputado, mientras que las querellas particulares pidieron 18 años.

Por su parte, la defensa de Blaksley había solicitado su absolución.

En ese sentido, el propio empresario agradeció en sus "últimas palabras" haber sido escuchado por el tribunal durante el debate -en el que declaró tres veces-, asumió que él tomó las decisiones de la firma y pidió que se hiciera justicia.

Blaskley estuvo preso en el penal de Ezeiza y en marzo de 2021 el tribunal le otorgó una morigeración de la prisión preventiva en un domicilio, aunque esta medida recién se concretó en diciembre último, cuando el empresario logró reunir los bienes y dinero suficientes para pagar la fianza.

Por otro lado, Moyano explicó que este fallo es un "primer paso" ya que hay más víctimas en el exterior de Argentina -estimó unas 800-, de las cuales su estudio representa a unas 400.

De hecho, el letrado impulsa causas en el extranjero, como las Islas Vírgenes, en procura de hallar adónde fue llevado el dinero producto de las estafas millonarias.

Para los acusadores, Blaksley encabezó una organización criminal que cometió estafas reiteradas vinculadas con la captación ilegal de dinero de ahorristas para luego, además, cometer delitos vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Blaksley y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio de 2020 por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano; y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Según la investigación, Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega, habría montado una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados, como del fisco nacional, según se indicó en la acusación cuando la causa llegó a juicio.

De acuerdo con la pesquisa, la asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016 y contó con miembros que, desde sus roles respectivos, aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en EEUU y Panamá.

En mayo de 2021, Blaksley declaró en el juicio e intentó mejorar la situación del resto de los acusados, al asumir haber sido el dueño de la totalidad de las acciones de Hope Funds, aunque afirmó que "jamás en la vida" imaginó defraudar a sus clientes.