Defensor del Pueblo quiere reformar el Código Procesal Penal

El defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, propuso reformar el Código Procesal Penal provincial para agilizar el proceso judicial en los casos de usurpaciones.

El proyecto sugiere la reforma del artículo 302, que regula el cese de los efectos del delito de usurpación, e incorporar como facultad expresa conferida legislativamente a los fiscales de instrucción la restitución preventiva y provisoria del inmueble, haciendo cesar los efectos permanentes del delito, y prevenir consecuencias ulteriores.

La propuesta del defensor del Pueblo refleja herramientas vigentes en el derecho procesal comparado argentino e incorpora otras reformas que podrían mejorar el recurso.

Puntualmente, plantea que quien podrá peticionar la restitución sería precisamente quien resultó desalojado o despojado, es decir, quien tenía la tenencia, posesión o cuasi posesión que tutela la ley penal.

Respecto de la oportunidad procesal, el proyecto plantea que la solicitud y la orden puede ser dada en cualquier estado del proceso, siempre que exista prueba suficiente que haga verosímil el derecho del demandante.

El otro cambio propuesto refiere a agilizar el proceso de solución participativa de conflictos para aquellos casos que no encuadran en una figura penal o por sobreseimiento.

En el proyecto elevado a la Unicameral, esto se concretaría mediante la articulación del Ministerio Público Fiscal y el Centro Público de Mediación del Ministerio de Justicia de La Provincia de Córdoba y/o el centro de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de Córdoba.

La idea es que la remisión de fuero civil se direccione a la etapa prejurisdiccional correspondiente, entendiendo que la herramienta de la mediación puede poner fin al conflicto con criterio de economía procesal.

Decara explicó que “mediante estos cambios se pretende consagrar en nuestro ordenamiento procesal penal instrumentos que tiendan a agilizar los procedimientos de restitución de los inmuebles usurpados a quienes hayan sido víctimas de tales delitos”.

Asimismo, dijo “que el déficit habitacional en la Argentina es un problema innegable que actualmente afecta a, aproximadamente, un tercio de la población”.

“Esta es una problemática estructural de gran complejidad, que requiere abordaje urgente e interdisciplinario, porque genera un conflicto de intereses entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, ambos derechos humanos básicos consagrados en diferentes instrumentos normativos tanto a nivel nacional como internacional”, añadió

Es por eso que el proyecto también propone la creación de un sistema integrado de gestión para la prevención y atención de usurpaciones u ocupaciones irregulares para la generación de políticas integrales y la canalización de la demanda legítima de tierras por parte de familias vulnerables.

A los fines de implementar este sistema, propone el trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, el Gobierno Nacional, Comunidades Regionales y Municipios y Comunas, según regiones.