El Gobierno trabaja en la ampliación de la Corte Suprema: número, votos y plazos

Tras la aprobación de la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo, el Gobierno nacional concentra sus energías en la ampliación y composición de la Corte Suprema de Justicia. Luego de proponer a los jueces federales Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para reemplazar a Elena Highton de Nolasco y a Carlos Maqueda, evalúan la posibilidad de ampliar a nueve el número de miembros del máximo tribunal.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de uno de los máximos asesores de Javier Milei, “es más sano una Corte de 9 miembros que de 7”, y se acerca a la idea de "federalismo" que buscan imprimirle a la composición. Además, descartan la posibilidad de dividir el máximo tribunal en salas temáticas y por jurisdicciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En esa tarea trabaja el secretario de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, quien, a su vez, tiene la compleja tarea de destrabar en el Congreso los pliegos de Lijo y Mansilla para el mes de agosto. Lo hace en tándem con el jefe y el vicejefe de Gabinete, Guillermo Francos y José Rolandi, quienes siguen al pie de la letra las directivas del alfil libertario Santiago Caputo.

Una vez cumplida la voluntad del presidente Javier Milei, la intención es avanzar con la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros para antes de fin de año.

Para eso, están abiertas las conversaciones con senadores que responden a los intereses de los gobernadores que presionan para que la expansión se concrete.

En junio de 2022, un grupo de mandatarios provinciales peronistas y aliados presentaron al aquel entonces presidente Alberto Fernández la propuesta para conformar un tribunal supremo de 25 miembros (uno por provincia más un representante nacional y que cumpla con la paridad de género). Algunos meses después, la Cámara de Senadores le otorgó media sanción al dictamen de mayoría, pero con modificaciones acordadas previamente que reducían a 15 el número de jueces.

Con la lupa en la región, los países limítrofes funcionan de modelo para la administración libertaria ya que, en el mayor de los casos, los Tribunales Supremos exceden los cinco miembros.

Si bien aún no hay nombres ni jueces para integrar el número, la idea es que una vez aprobada la propuesta del Gobierno para que Lijo y Mansilla reemplacen a Highton de Nolasco y a Maqueda, se designen además otros cuatro miembros que se sumarán a la Corte integrada por su titular, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro, Ricardo Lorenzetti.

“La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros que del número”, planteó un conocedor en la materia que respalda el número electo por el mandatario.

El oficialismo sabe que las negociaciones por la aprobación de ambos jueces configura una tarea compleja aunque aseguran que contarán con los votos necesarios para aprobar ambos nombres. El mandatario ya anticipó que no es uno sin el otro, por lo que el debate por el paquete Lijo - García Mansilla traccionan a los indecisos en la elección.

A los rechazos públicos se les suman los detractores en las filas libertarias: la vicepresidenta Victoria Villarruel dio a entender que el magistrado de Comodoro Py no es de su elección. Lo propio anticipó el senador Francisco Paoltroni.

“En las charlas cada bloque no responde en tándem, no es que negocias con los jefes de bloque y ya está. Al interior de cada espacio hay pensamientos diferenciados, incluso libertad de acción”, confesó uno de los encargados de tender puentes con la oposición, y pese a que descartó haber entablado diálogo con la dos veces presidenta Cristina Kirchner, admitió contacto con sus senadores.

A pesar de la polémica, es García Mansilla, a diferencia de Lijo, el que cuenta con menos adeptos debido a que reemplazará a la primera mujer en llegar al Máximo Tribunal desde la restauración democrática, y anulará así el único contrapeso de género entre los magistrados. Ante este panorama, el oficialismo deberá intensificar el trabajo y cumplir con el primer paso camino a la modernización de la justicia.