El Gobierno venderá el edificio donde funcionaba el Ministerio de las Mujeres

El Gobierno nacional venderá el edificio donde funcionaba el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández.

La decisión fue anunciada este miércoles por la tarde por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según indicó, el edificio tiene un valor aproximado de 12,5 millones de dólares y "se encuentra en virtual estado de abandono". 

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"En 2021 se iniciaron obras para su reparación: nunca se concluyeron", añadió sobre el edificio, ubicado en Cochabamba 54 del barrio de San Telmo.

La medida se llevará a cabo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

"Luego de disponer el cierre definitivo de este organismo creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, y sin obtener resultados objetivos de mejora en ningún indicador; el Gobierno decidió poner a la venta el edificio tasado en más de 12,5 millones de dólares", indicó el Ejecutivo en un comunicado.

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Según informó el Gobierno, "el inmueble se encuentra ubicado en Cochabamba N° 40/44/54 y Av. Ingeniero Huergo N° 1321/31 y Azopardo Nº 1310 cuenta con una superficie total de 18.000 m2 construibles y 7.000 m2 construidos".

"Se trata de un edificio abandonado y en peligro de derrumbe, donde trabajaban los más de mil empleados que ya fueron desvinculados", señaló Presidencia, y añadió que "a pesar de que en 2021 se iniciaron obras para su reparación, estas nunca fueron concluidas y dejaron el edificio en un estado de deterioro avanzado".

El cierre definitivo de la cartera, que se creó durante la gestión del presidente Alberto Fernández, había sido anunciado en junio pasado por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

En tanto, como parte del desmantelamiento del Ministerio que condujera la exministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, desde Justicia llevaron a cabo un recorte del 85% de la planta de esa área gubernamental.

Esta decisión había generado la reacción de las trabajadoras que denunciaron el vaciamiento de las políticas públicas para combatir la violencia de género y exigieron la reincorporación de los despedidos.