Las pruebas contra médicos son lapidarias, según la fiscalía

Cadena 3 accedió al expediente judicial que tiene como imputados a dos médicos del geriátrico de Saldán, donde se registraron un total de 57 contagios y 11 fallecimientos.

El expediente, a cargo del fiscal Andrés Godoy, describe que el médico de piso Lucas Figueroa, imputado por “propagación de enfermedad peligrosa y contagiado para las personas”, habría llegado a la residencia sin cumplimentar los protocolos sanitarios de los que había sido notificado por correo electrónico.

En este marco, remarca que la obra social Pami “elaboró y notificó a todas las residencias prestadoras de la obra social”, entre ellas a la residencia Geriátrica Privada Santa Lucía, “un específico protocolo vinculado a la enfermedad del Covid-19”.

El profesional de la salud debía cumplimentar con las normas de resguardo y prevención que "omitió y por el contrario -según el expediente- habría concurrido a trabajar" a la institución, “vistiendo el mismo guardapolvo que traía puesto desde el exterior, sin efectuar la correspondiente limpieza o cambio de calzado; o medirse la temperatura corporal y sin colocarse el barbijo o colocándose de manera incorrecta pese a “presentar síntomas como tos, sin notificar a las autoridades del establecimiento”.

También consigna que Figueroa asistió luego de “haber faltado algunos días a trabajar”, presuntamente “por presentar bronquitis”.

Y manifiesta que regresó a sus labores un día después de haber realizado una consulta en el Hospital Urrutia de la localidad de Unquillo, donde requirió atención médica por presentar tos, asma y fiebre.

En ese mismo nosocomio se le habría practicado un hisopado a los fines de determinar si tenía Covid-19, y se le habría indicado que realice el correspondiente aislamiento por tratarse de un caso sospechoso.

Sin embargo, según el expediente, Figueroa no cumplió con este requisito y por el contrario al otro día asistió a la residencia geriátrica.

De este modo, la fiscalía sostiene que Figueroa “creó un riesgo no permitido que se concretó en la propagación del Covid-19 en la Residencia Santa Lucía”.

En cuanto a la situación del director médico de la institución, Marcelo Santiago Lázaro, señalan que, al cumplir sus funciones de manera remota, no pudo controlar adecuadamente que se respetaran los protocolos sanitarios.

Al ser una persona considerada adulto mayor, Lázaro cumplió las funciones a través de comunicaciones telefónicas y otros medios electrónicos y por eso “fue insuficiente poder fiscalizar y controlar el debido cumplimiento del protocolo de cuidado sanitario establecido para el personal” omitiendo, además, que se designe un reemplazo u otra persona que pudiera realizar tales tareas.

“La falta de la debida fiscalización, constituye un obrar imprudente, que permitió que Figueroa concurra a trabajar a la residencia”, sin “observar las normas de cuidado previas al ingreso”.

En conclusión, según la investigación que lleva a cabo la fiscalía, "el accionar doloso del imputado Figueroa e imprudente de Lázaro propagó el Covid 19 dentro de la residencia Santa Lucía".

Cabe recordar que ambos médicos fueron indagados y sus abogados negaron la acusación.

Informe de Francisco Centeno.