Montero responsabilizó a Quinteros por la millonaria indemnización a Albareda

El caso de Fernando Albareda, único imputado por el asesinato de su madre Susana Beatriz Montoya, ha generado controversia no solo por el crimen en sí, sino también por la indemnización de 76 millones de pesos que el gobierno de Córdoba le otorgó a la familia. 

Este pago se autorizó a través del Ministerio de Seguridad, bajo la firma de Juan Pablo Quinteros, y ha suscitado numerosas preguntas sobre su legalidad y justificación.

La situación se complica debido a que la indemnización coincide con la reciente aprobación de una reparación histórica para los familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar.

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, aclaró que "lo que corresponde a la situación administrativa no está bajo su ministerio".

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Y explicó que el objetivo de esta ley es "inscribir en su legajo la reparación en términos de que no había faltado su trabajo, por ponerlo en términos simples, en función de que había sido víctima de una desaparición forzosa". 

Y subrayó que la ley mencionada "no establece montos económicos ni resarcimiento".

También hizo referencia a una ley relacionada con la Policía de la Provincia de Córdoba, indicando que "es un trámite administrativo que no está contemplado ni en la ley ni en el decreto". 

Aclaró que la ley a la que se hace referencia se refiere a situaciones en las que "haya muerto cumpliendo su trabajo", lo que no se relaciona con el decreto que firmó junto al gobernador y el ministro de Seguridad.

Informe de Fernando Barrionuevo y Juan Federico.