Sanción en La Plata
08/07/2021 | 15:25 | La reparación económica fue pedida por la fiscalía federal y afecta a 14 coordinadores de reuniones en medio de la pandemia. El dinero será destinado a reforzar el sistema sanitario.
Un grupo de 14 organizadores de fiestas y reuniones clandestinas realizadas durante las restricciones impuestas por el Covid-19 deberán pagar unos 370 mil pesos, que serán destinados a reforzar el sistema sanitario, para evitar ser sometidos a juicios.
La medida fue acordada entre los imputados y la fiscalía federal de La Plata, y fue aprobada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, "en el marco de las medidas alternativas de resolución de conflictos contempladas en el Código Procesal Penal Federal".
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Los expedientes tramitaban por separado, cada uno por "violaciones a las restricciones impuestas mediante decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional por la pandemia del virus Covid-19".
Los hechos investigados ocurrieron entre octubre de 2020 y enero de 2021, "a raíz de la detección de distintos eventos privados realizados durante la cuarentena sanitaria", explicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Los imputados afrontaban cargos por violación al artículo 205 del Código Penal, que establece penas de seis meses a dos años para quien "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
Además, se les imputaba el delito de "desobediencia a la autoridad", que tiene penas de entre 15 días y un año de cárcel.
El fiscal Guillermo Ferrara acordó con los imputados "las propuestas de reparación económicas efectuadas", que "consistieron en la entrega de dinero, que alcanzó los 370 mil pesos, que serán destinados al sistema de salud para el abordaje de la pandemia".
A los imputados no les quedarán antecedentes penales, pero se comprometieron a reglas de conducta, especialmente evitar nuevos episodios de esta naturaleza en el contexto de la pandemia.
"La decisión adoptada se encuadra en las medidas alternativas de resolución de conflictos, previstas en el proceso penal que, en casos como este, colaboran a descongestionar el sistema de justicia, permitiendo que los esfuerzos se concentren en la investigación de delitos complejos", explicó el MPF.
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