Detectaron presuntas irregularidades en la rendición de cuentas 2020

Un informe de la minoría del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba advierte que hay irregularidades en la rendición anual de cuentas del 2020, primer año de la gestión Martín Llaryora.

Una de las críticas que se le hace es que fue presentada extemporánea, cuando la cuenta general del ejercicio debe remitirse al Tribunal de Cuentas en un plazo de 90 días después de terminado el año en curso, según la carta orgánica municipal, y en esta oportunidad ingresó para ser revisada el 29 de noviembre de 2021.

La segunda irregularidad que señalan es que ese año se realizaron rectificaciones presupuestarias por casi 1.600 millones de pesos. Año en que se recortaron salarios a empleados y funcionarios.

La tercera irregularidad es que de esos 1.600 millones de pesos, la Secretaría de Gestión Ambiental recibió el 23.8% y la Secretaría de Salud 13.7%.

También indican que hay faltante de documentación que respalde gastos de varias secretarías como la de Economía, Gobierno, Participación Ciudadana, Política Social, argumentando inconvenientes en el sistema de cargas informático.

Otra irregularidad detectada es que la que suma total de gastos pagados asentados al organismo asciende a 31.343.590.901 pesos, monto que no coincide con el incluido en el cuadro de ejecución de la cuenta general de 39.0005.7014,01. Es decir, una diferencia de 7.662 millones, aproximadamente en ese ejercicio 2020.

El Tribunal aclara que no se enviaron los expedientes con comprobantes de pago por 4.839 órdenes de pago devengadas ese año.

En diálogo con Cadena 3, Lucas Balián, concejal radical precisó que "hay una diferencia de una rectificación presupuestaria de casi 1.600 millones de pesos que no podemos detectar el origen, ni destino. Hemos detectado una diferencia del pago y del asiento del dinero de casi 8.000 millones de pesos y existen comprobantes por 31 mil millones y el pago asciende a 39 mil millones".

"Hay casi 7 mil millones de pesos pagados por la municipalidad y no tiene ni los comprobantes ni los expedientes que respalde. Son casi 4800 órdenes de pago", agregó.

Por último, adelantó que "las irregularidades se nombran como faltas graves pero no están categorizadas, vamos a presentar un proyecto para reglamentar estas faltas y que tengan un castigo real, sino se van a seguir cometiendo estas irregularidades".

Informe de Guillermo López.