Agroexportadora argentina
06/03/2020 | 14:14 | El juez de la ciudad de Reconquista Fabián Lorenzini hizo lugar al pedido que había formulado la compañía el mes pasado, para enfrentar una deuda de 1.350 millones de dólares.
La Justicia de la provincia de Santa Fe declaró la apertura del concurso de acreedores de la empresa Vicentin, una de las principales agroexportadoras de la Argentina, se informó este viernes.
El juez de la ciudad de Reconquista Fabián Lorenzini hizo lugar al pedido que había formulado la compañía el mes pasado, para enfrentar una deuda de 1.350 millones de dólares.
De ese total, unos mil millones de dólares es deuda con entidades bancarias, y el resto a firmas del sector agrícola.
El concurso fue tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista.
En el fallo, se detalló la lista de acreedores: 1.895 por compra de granos, 586 de bienes y servicios, 37 financieros, 19 fiscales y aduaneros, 98 accionistas y tres sociedades vinculadas.
En total, existen 2.638 legajos por una suma de casi 100 mil millones de pesos.
El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa con 18 mil millones de pesos, seguido por el Provincia de Buenos Aires con 1.600 millones y el BICE con 5 millones.
Al momento de solicitar el concurso de acreedores, Vicentin aseguró que "se propone continuar trabajando con sus proveedores y productores granarios sobre la base de las condiciones ya planteadas, como así también seguirá manteniendo las conversaciones avanzadas con el Banco de la Nación Argentina y demás instituciones oficiales y con el resto de las instituciones financieras, todo ello con el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable sobre esas bases y en el marco de este nuevo contexto".
La empresa argumentó que la situación financiera que atraviesa es consecuencia de la volatilidad de lo mercados internacionales, el endeudamiento comercial, las condiciones climáticas adversas, la importación de materias primas de Brasil y Estados Unidos y "el abandono por parte del Gobierno nacional en 2018 de las políticas arancelarias que promovían la mayor rentabilidad del sector".