Un sueño y una negociación secreta con el Estado, entre las siete claves del conflicto en Mascardi

Un supuesto sueño de una adolescente de 16 años. Ningún registro histórico. Una negociación subterránea, en la que el Estado nacional estaba dispuesto a ceder demasiado. Y una violencia que cada vez iba generando más capítulos.

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La fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, hizo público por primera vez los fundamentos detrás del desalojo que ordenó hace 10 días en los predios usurpados en Villa Mascardi. Y, en el mismo comunicado, dejó al descubierto una trama en la que asoman detalles insólitos y muy llamativos.

1. El conflicto. El 28 de septiembre pasado la Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de la fiscal federal interina María Cándida Etchepare, solicitó el desalojo de los siete predios (compuestos por once lotes) usurpados en lo que se ha dado en llamar “el conflicto Mascardi”, en el marco del cual un grupo de personas autodenominadas “Lof Lafken Winkul Mapu” reclaman como propias diversas tierras públicas y privadas. El desalojo se concretó finalmente el pasado 7 de este mes. Para ello, fue necesaria la creación de un Comando Unificado con la intervención de 300 efectivos de las cuatro fuerzas nacionales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria).

2. El sueño. El reclamo -indicó la fiscal- se origina no en la ocupación tradicional y pública de las tierras, como es el de otras tantas comunidades mapuche de la zona, sino en una visión que tuvo, en 2017, una niña de por entonces 16 años, que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche. En esa oportunidad la joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse.

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3. Sin registros históricos. "Esa comunidad no canalizó sus reclamos por las vías de derecho, no se inscribió ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada, como es el procedimiento habitual previsto por la ley y resoluciones que regulan la materia. El INAI expresamente informó en diversas oportunidades que no tiene registro ni petición alguna vinculada con este grupo de personas, el cual, por el contrario, sí se inscribió en el año 2012 pero integrando otra comunidad (“Lof Colhuan-Nahuel”) y reclamando su ancestralidad en otras tierras que sí le fueron reconocidas, en el Barrio Virgen Misionera en esta misma ciudad".

O sea, este grupo ya había logrado que el Estado les cediera otros terrenos, cuando los reclamó bajo otra denominación. Ahora, con un nombre nuevo, buscaba otros territorios en la zona del lago Mascardi.

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4. Violencia. "Con el tiempo, los integrantes de este grupo decidieron mutar su reclamo hacia otras tierras pero esta vez por las vías de hecho. En concreto, han pretendido hacer propios -por la fuerza y la violencia- diversos predios en Villa Mascardi, sin ninguna prueba de su ancestralidad en el lugar, sin seguir las vías que el Estado de Derecho prevé para estos supuestos y sin reconocer los límites que la administración de justicia ha intentado infructuosamente imponer durante estos años.

Si bien esta Fiscalía Federal ha solicitado en reiteradas oportunidades el desalojo de varios de los predios a lo largo de los años desde que se iniciara la primera usurpación en 2017, en esta última oportunidad ello obedeció, puntualmente, a los hechos ocurridos desde la noche del 25 de septiembre pasado en adelante.

Como es de público conocimiento, en esa oportunidad entre 15 y 20 personas encapuchadas y armadas con piedras y armas de fuego atacaron a un grupo de cinco gendarmes que custodiaban el último de tales lotes, “Los Radales”, desde el 13 de septiembre y a pedido de esta sede. Ello obedeció a que el 1° de agosto fue incendiada intencionalmente la cabaña del lugar de modo tal que lo que se pretendió con la custodia solicitada al Ministerio de Seguridad de la Nación fue evitar que se siga extendiendo la usurpación, como ha ocurrido a lo largo de los años en los lotes circundantes". 

"El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo".

"Es importante destacar que, a lo largo de todos estos años, jueces, fiscales federales y provinciales, empleados judiciales y del MPF, guardaparques, policías federales, policías de seguridad aeroportuaria, gendarmes, policías de Río Negro, peritos, directivos de Parques Nacionales, veedores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hasta la propia gobernadora de la provincia han sido directamente atacados al intentar acercarse a los predios a cumplir con distintas medidas ordenadas en las causas judiciales.

A ello se suma el incendio de todas las propiedades (y otras de zonas aledañas como las cabañas de San José Obrero) y la completa destrucción de las estructuras edilicias de la zona, junto con la constante interrupción de la Ruta Nacional 40, por medio de actos violentos hacia turistas y trabajadores que han denunciado una y otra vez haber sido amenazados, agredidos, golpeados o apedreados con las consecuentes destrucciones en sus vehículos o colectivos turísticos".

"El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo".

5. Usurpaciones que avanzan. "El primero de los predios de Parques Nacionales fue usurpado en noviembre de 2017; luego, en enero de 2018, lo fue el siguiente hacia el sur, de la familia Grehan-Giménez de Tournier; en julio de ese mismo año se extendió la ocupación hacia el norte, tomando el exhotel Mascardi, también de propiedad de Parques. En mayo de 2020 la violencia se extendió hacia el sur, primero ocupando el predio del Obispado de San Isidro y luego los lotes del sindicato Unión Personal Superior del Gas (exGas del Estado). Finalmente acontecieron el incendio y el ataque armado a las fuerzas de seguridad mencionadas.

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En ese contexto, el 26 de septiembre, tanto la Fiscalía Federal como el Juzgado Federal concurrimos a realizar una inspección ocular a “Los Radales”, certificando pericialmente la existencia de disparos de armas de fuego en la casilla en la que se apostaban los gendarmes, que luego también fue completamente quemada. Finalizada la diligencia, un grupo de personas bajó gritando de la montaña y atacó con piedras a los funcionarios que resguardaban el predio mientras se realizaba la medida, por lo que debimos retirarnos de allí una vez más para evitar enfrentamientos".

6. Negociaciones secretas con el Estado. "Pero también fue un motivo central de este último pedido de desalojo la finalización de todos los canales de diálogo intentados por esta Fiscalía durante los últimos dos años. Desde 2020 que se han realizado diversas audiencias en el marco de varias de las causas en trámite en las que han participado miembros de la “Lof Lafken Winkul Mapu”, de Parques Nacionales, varios de los damnificados o los representantes de los organismos afectados, directivos del INAI, el secretario de Derechos Humanos de la Nación y distintas instancias del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En ninguna de ellas fue posible arribar a ningún acuerdo, dada la negación de la comunidad a evaluar los pedidos que les eran formulados. Incluso Parques Nacionales ofreció reubicarlos en otras tierras cercanas, también del Estado Nacional, y permitir la permanencia del rewe (sitio ceremonial o sagrado) en el lugar en el que está apostado en la actualidad (en el predio del exhotel Mascardi) para que sea un lugar de culto de las comunidades. Nada alcanzó. A la par que se intentaban esos canales de diálogo continuaban suscitándose actos violentos. Los miembros de la comunidad manifestaron una y otra vez que solo aceptarían ser reconocidos como los dueños del lugar".

"Los intentos de diálogo también se intentaron por vías políticas (extra judiciales) con intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Ninguno de los actores involucrados logró traer al proceso algún atisbo concreto de acuerdo que permitiese evitar la vía penal haciendo prevalecer el dialogo pacífico, ya que la comunidad no se ha mostrado realmente dispuesta para esto. Todas las audiencias celebradas judicialmente se encuentran grabadas y dan fe de estas afirmaciones".

7. Las mujeres, solas. "Tal como ocurrió durante el primer desalojo de noviembre de 2017, fueron algunas mujeres y los niños y niñas de la comunidad quienes permanecieron en el terreno, mientras que todos los varones se dieron a la fuga montaña arriba, pese al despliegue de grupos tácticos en la zona alta de la montaña y a la gran cantidad de efectivos presentes en el lugar para intentar cubrir tan amplio territorio sin armas letales.

Así fue que se procedió a la detención de siete mujeres, una de ellas con un avanzado embarazo y dos con bebés lactantes en sus brazos, quienes fueron trasladadas a las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con excepción de la mujer embarazada, que fue alojada en el Hospital Zonal, donde permaneció con asistencia de su partera hasta el día en el que se le concedió la prisión domiciliaria el pasado 8 de octubre".

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"El motivo por el cual las detenidas fueron trasladadas a la sede de una fuerza de seguridad es que el Servicio Penitenciario Federal solo tiene tres cárceles de mujeres en el país: una en La Pampa, una en Formosa y una unidad en Ezeiza.

A su vez, el Servicio Penitenciario provincial no tiene ninguna cárcel de mujeres, tan solo un pabellón en la cárcel de varones de General Roca". 

"En relación con las investigaciones en trámite, varias de las detenidas han sido sometidas a proceso en las causas formadas desde 2017 por cada una de las usurpaciones ocurridas".