Escuela católica pidió a la Justicia que no le cobren la luz con nuevos aumentos

La parroquia y escuela Nuestra Señora de Pompeya de Rosario adoptó medidas legales debido al aumento de las tarifas de la EPE (Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe). Raúl Lutz, párroco de la institución, explicó la difícil situación económica que enfrentan: "A partir del ajuste del gobierno nacional y provincial, llegaron las tarifas con un 500% de aumento más el ajuste mensual de la inflación. Ya no podíamos sostenerlo ni por el colegio, donde tenemos 1.200 chicos, ni por la comunidad parroquial."

El padre Lutz, en Una mañana para todos, por Cadena 3 Rosario, detalló que, tras consultar con el obispo sobre posibles acciones, decidieron presentar una medida de amparo. "En estos días salió la cautelar que impide seguir cobrando a la Empresa Provincial de la Energía, pero que no responde por ahora a la cuestión de fondos", indicó. La medida judicial busca retrotraer los aumentos a los valores del año pasado.

Con respecto a los costos, Lutz reveló que antes pagaban 200.000 pesos mensuales por el suministro eléctrico de los tres colegios y 50.000 a 60.000 pesos por la parroquia. Sin embargo, "el primer aumento que pagamos fue de 1.200.000 pesos mensuales", dijo, lo que llevó a la institución a una crisis financiera. "El alumnado no alcanza a cubrir gastos", añadió, explicando que el subsidio estatal que reciben no cubre todos los costos operativos.

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El párroco también mencionó que la situación se complica con el gas, que aumentó un 60%. "Sin luz, prácticamente no opera nada. No funcionan las bombas de agua, no hay internet, no hay luz en las aulas", subrayó. A pesar de la crisis, Lutz aseguró que los alumnos que no pueden pagar la cuota pueden seguir asistiendo a clases. "El derecho constitucional de educación es intangible", enfatizó.

La parroquia, que también es sede de Cáritas, experimentó una disminución en la cantidad de alumnos, con 80 menos que el año pasado. "Desde la pandemia, tengo prácticamente 160, 170 chicos menos", lamentó. Además, mencionó que tuvieron que reducir gastos operativos y solicitar donaciones de insumos básicos como papel higiénico a los padres.

El padre Lutz concluyó que la situación es crítica y que están esperando la resolución del juez Marcelo Quiroga, quien debe decidir sobre el futuro de la medida cautelar. "Esto es una vulneración de derechos, no solamente para mí, sino para todos los ciudadanos", afirmó, destacando que otros colegios y parroquias también enfrentan dificultades similares.