Prórroga del Gobierno
02/02/2021 | 16:51 | El presidente de la Cámara de Propietarios de Argentina, Enrique Abatti, explicó a Cadena 3 que surgen posibles planteos de inconstitucionalidad por parte de los fiadores.
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Advierten que el DNU de alquileres perjudicaría a garantes
El Gobierno nacional prorrogó la declaración de la Emergencia Pública hasta el 31 de marzo de este año prorrogando por ese lapso la duración de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres, en virtud de la pandemia por el coronavirus.
De esta forma continuará vigente por otros dos meses el beneficio para los inquilinos que se encuentren ocupando una vivienda única. La prórroga, es la tercera anunciada desde que salió la medida por primera vez, el 11 de marzo de 2020.
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El presidente de la Cámara de Propietarios de Argentina, Enrique Abatti, sostuvo que la medida extienda la fianza que otorgan los garantes.
"Esto posiblemente traiga planteos de inconstitucionalidad porque es de toda lógica que un fiador se comprometió por un determinado tiempo y monto, y ahora se ve perjudicado", dijo a Cadena 3.
Citó los artículos 1596 y 1225 del Código Civil y Comercial, los cuales establecen claramente que la fianza se termina si se prorroga el plazo sin el consentimiento del fiador.
"En este caso le imponen seguir fianzando una obligación por un tiempo mucho más prolongado al que originalmente tuvo en miras cuando aceptó con el locatario salir como garantía", señaló.
Informe de Raúl Monti.
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Lo aseguró a Cadena 3 Ricardo Fernández, vicepresidente primero de la Cámara Inmobiliaria Argentina. "Fue una medida para paliar la situación, pero ahora es difícil y preocupante", indicó.
Alerta deudores
Christian Buteler, especialista en finanzas, explicó en Cadena 3 que los montos empezarán a actualizarse paulatinamente y los beneficiarios deberán empezar a ponerse al día con los montos.
Emergencia económica
Se trata de una prórroga de las resoluciones que la vicepresidenta y el titular de la Cámara de Diputados habían firmado el año pasado para frenar aumentos de sueldos de diputados y senadores.