Kicillof, muy cerca de otro millonario error

Sergio Suppo

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se ha convertido en un tema de debate en varias provincias argentinas. En el centro de la discusión se encuentra la petrolera malaya Petronas, que planea una inversión potencial que puede ir de 30 a 50 mil millones de dólares para la construcción de una planta de licuefacción.

El gobernador Axel Kicillof, que inicialmente se opuso al RIGI y votó en contra del mismo, ahora busca implementar un régimen provincial propio. Esta decisión podría costarle caro a la provincia de Buenos Aires, ya que los descuentos en impuestos y otras ventajas ofrecidas por el RIGI dejarían de beneficiar a la Nación y pasarían a ser responsabilidad provincial.

Río Negro levanta su mano y extiende una invitación a Petronas para instalarse en Punta Colorada o Bahía Blanca. El gobernador Alberto Weretilneck realizó una presentación destacando las condiciones favorables del puerto para realizar una mega obra.

En respuesta, Federico Susbielles, intendente peronista de Bahía Blanca, convocó al Concejo Deliberante local y a diversos sectores empresariales y gremiales con el objetivo urgente: evitar perder esta inversión millonaria frente a Río Negro.

Otro caso ejemplificador es el contraste entre las provincias vecinas La Rioja y Catamarca. Mientras Ricardo Quintela (La Rioja) rechaza adherirse al RIGI nacional, Raúl Jalil (Catamarca) envió un proyecto para hacerlo. Ambas provincias comparten un interés común en la minería, y esta decisión podría marcar una diferencia significativa en el atractivo para inversores.

Estas decisiones políticas tienen una importancia que trasciende lo inmediato. El RIGI ofrece garantías impositivas por 30 años, entre otras ventajas. Algunos gobernadores se muestran dispuestos a aprovechar estas oportunidades, mientras que otros parecen quedarse al margen.

La lucha por la inversión de Petronas entre Buenos Aires y Río Negro está en pleno desarrollo. Si finalmente se instala en Punta Colorada, el costo político para Kicillof podría ser considerable. A pesar de su rechazo inicial al RIGI, ahora busca implementar su propio régimen impositivo provincial para no perder esta inversión multimillonaria.