Milei por dos: ataque generalizado al periodismo y desregulación de las comunicaciones

Sergio Suppo

Me encuentro hoy reflexionando sobre las recientes acciones del presidente Javier Milei. Esta mañana, el presidente ha hecho dos movimientos notables en el mundo de la comunicación: un tuit acusando al periodismo de corrupción y un decreto que libera el mercado de telefonía, Internet y cable.

El tuit del presidente es una generalización injusta que no merece mucho comentario. Si bien la corrupción es un problema grave que debe ser abordado en todas sus formas, acusar a todo el periodismo de ser corrupto sin proporcionar ninguna evidencia o detalle específico es irresponsable e inútil. Este tipo de declaraciones generales no contribuyen a solucionar problemas reales, sino más bien parecen estrategias para desacreditar a los medios y generar distracción.

Sin embargo, lo que realmente me parece relevante y digno de discusión es el decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial. Con su firma, Milei liberó un mercado históricamente regulado: telefonía, Internet y cable. Este movimiento afectará directamente a algunos grandes grupos mediáticos del país como por ejemplo a Clarín.

La desregulación modifica la Ley Argentina Digital número 2.778 permitiendo así una liberalización de los precios en este sector. En contraste con las políticas del gobierno anterior que establecían precios máximos e intervenían como si fueran servicios públicos regulados.

A primera vista, esta medida puede parecer positiva ya que permite la entrada de nuevos jugadores al mercado argentino y fomenta la competencia. Sin embargo, también debemos considerar las posibles consecuencias negativas. Por ejemplo, recientemente vimos un aumento exorbitante de las tarifas de los servicios de salud prepagos después de su desregulación. La apertura repentina de mercados altamente regulados puede tener efectos imprevistos en el corto plazo.

Como periodista y ciudadano, estoy a favor de la competencia y la libertad para elegir entre diferentes proveedores y servicios. Pero también creo que es esencial garantizar que estas medidas no resulten en un perjuicio para los consumidores o en una concentración aún mayor del poder económico.

Por lo tanto, esperaremos con interés ver cómo se desarrolla esta situación y cómo afectará a los argentinos en su vida diaria. Solo el tiempo dirá si este decreto será beneficioso para la economía del país.