Una dura respuesta de la Corte a las presiones

Sergio Suppo

El conflicto político institucional de más envergadura del mes de diciembre venía registrando algunos antecedentes a propósito de que el Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner tenía datos fehacientes de que la Corte Suprema de Justicia se iba a inclinar en contra de la actual composición del Consejo de la Magistratura e iba a tratar de reponer la ley anterior a la del cambio de 2006.

La actual composición del Consejo de la Magistratura contempla 13 miembros. Esta cifra surgió de la reforma que se había dictado durante la presidencia de Néstor Kirchner, en 2006, cuando Cristina Fernández era senadora. Con esa reforma se modificó la integración del Consejo de la Magistratura, que estaba integrado hasta entonces por 20 miembros y cuya formación incluía una preeminencia de jueces y de abogados por sobre los sectores políticos. Además, era dirigido por el presidente de la Corte.

Los 13 miembros actuales (de nuevo, surgidos de la reforma de 2006 impulsada por Cristina Kirchner) no incluyen a ningún miembro de la Corte y son en su mayoría funcionarios políticos. Entre ellos hay cuatro legisladores por la mayoría, dos legisladores por la minoría y un representante del Poder Ejecutivo, además de un académico, dos abogados y tres jueces.

Hubo un par de episodios que anticipaban una decisión de la Corte adversa a lo que promovía el Gobierno Nacional.

En primer lugar, la tempestuosa visita que hizo hace una semana el ministro de Justicia, Martín Soria, a los miembros de la Corte, a quienes increpó de la peor manera. Los trató poco menos que de incapaces e inservibles y los acusó de parciales, entre otras cosas. En definitiva, fue un agravio personal que los miembros de la Corte no respondieron pero no dejaron pasar.

La audiencia duró solo media hora, porque sólo habló el ministro Soria, en un caso que no tiene demasiados antecedentes, ya que son otras las formas en el intercambio entre la Corte y el Poder Ejecutivo.

Soria evidenció un estado de desesperación política, tanto de él mismo como de quienes lo enviaron: el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación.

En segundo lugar, y en prevención de este desenlace, el Gobierno se apuró a presentar un nuevo proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura. Este actual documento propone un consejo de 17 miembros en lugar de los 13 actuales y en lugar de los 20 que regían antes del 2006. Incluye cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro legisladores por la mayoría, dos por la minoría, un representante del Poder Ejecutivo y dos académicos. Pero sigue excluyendo la presencia de un juez de la Corte.

Ahora es el Congreso el que tiene que apurarse a aprobar una nueva integración del Consejo de la Magistratura, porque el fallo de la Corte establece que el Consejo de la Magistratura tiene una perdurabilidad de sólo 120 días y que a partir del día 121, todos los actos que realice el Consejo de la Magistratura serán legalmente inválidos.

De manera que hay una presión política por parte de la Corte no sólo sobre el Gobierno, sino también sobre al Congreso para que los legisladores se esfuercen encontrar un consenso necesario e imprescindible. Recordemos que en este momento, el oficialismo no tiene la mayoría y está obligado a consensuar con la oposición.

Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo precisamente hoy con el tratamiento del presupuesto. Vamos a ver si se da efectivamente esa aprobación del presupuesto nacional a pesar de que el Gobierno no tiene la mayoría. En principio va a tener quórum para sesionar, pero hay que ver al final de la sesión si tiene los votos necesarios. Hasta el momento no lo tendría.