Violencia de género: Martín Gill y la ventaja de defenderse desde el poder

Sergio Suppo

La situación judicial del ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Martín Gill, ha generado controversia tras la denuncia por lesiones agravadas y la acusación de inducción a un aborto presentada por su expareja, Lourdes Astudillo. La denuncia fue radicada el 19 de marzo de 2023, y la fiscal Juliana Companys elevó la causa a juicio el 28 de marzo. Actualmente, la jueza de control, María Soledad Dottori, tiene el expediente paralizado desde entonces.

La oposición cordobesa ha cuestionado la permanencia de Gill en su cargo. Legisladores han manifestado que "se tiene que ir" y cuestionan los criterios del gobierno provincial en materia de políticas de género. ¿Qué criterios tiene el gobierno de Córdoba sobre las políticas de género? ¿Por que no los conocemos?

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Gill mantiene su cargo, amparado por la presunción de inocencia. Sin embargo, la situación plantea interrogantes sobre la relación entre el poder político y la justicia. ¿El ministro Gill se está defendiendo con el poder, desde el poder? 

El caso se complica aún más por la reciente citación de Gill a declarar en una causa federal relacionada con su tiempo como secretario de Políticas Universitarias durante la presidencia de Cristina Kirchner. Esta coincidencia ha llevado a algunos a cuestionar si el ministro está utilizando su posición para protegerse de las implicaciones legales que enfrenta.

La discusión sobre la ética y la responsabilidad política se intensifica, con preguntas sobre si es mejor para un dirigente limpiar su nombre o permanecer en el cargo mientras enfrenta acusaciones graves. ¿No es mejor que como ciudadano común, un dirigente político que quiere continuar, limpie su prontuario?