El Gobierno Nacional mediante el DNU 841/2022, estableció la obligatoriedad del pago de una asignación no remunerativa por única vez de 24.000 Pesos a abonar por los empleadores del sector privado en diciembre de 2022, lo cual generó la reacción de las entidades del campo.
“Consideramos este DNU de dudosa constitucionalidad, dado que no sólo obliga a un particular al pago de una prestación adicional al salario, inmiscuyéndose en la órbita de la propiedad privada, sino que además como lo dijo la CSJN en varios fallos, mediante un DNU, el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas en contra de lo dispuesto por el artículo 99.3 de la Constitución Nacional”, plantearon desde CRA, una de las entidades que conforman la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. “Es otro atropello a la legalidad y la propiedad privada”, dijeron en un comunicado el día viernes.
Sin el consentimiento de la patronal
En el ámbito de la CNTA, los representantes de la UATRE requirieron el pago de un "Bono de Fin de Año" por un monto de $50.000, que el Gobierno apoyó inmediatamente, al margen de la disconformidad de la patronal del campo que decidió “levantarse” de la mesa ante la intransigencia de los interlocutores.
Esta imposición afectaría sin dudas derechos y garantías constitucionales de los particulares
Sin embargo, la semana pasada, inmediatamente la UATRE salió con un comunicado informando la "aprobación" del mentado Bono de Fin de año. El mismo comunicado reconoce que la parte patronal se ha manifestado expresamente en contra de su otorgamiento, y no participó de su aprobación. Es decir, según indican desde CRA (que sería la posición mayoritaria de la Mesa de Enlace), no hubo acuerdo entre la representación sindical y el sector patronal para el pago de esta suma no salarial.
“En primer lugar, carece de legalidad y vulnera la Constitución Nacional la facultad que se abroga la CNTA de imponer el pago de una suma no salarial ante la falta de acuerdo entre las partes. El art. 89 de la Ley 26.727 faculta a la CNTA a determinar las remuneraciones (salario) y no a imponer a la patronal el pago de sumas que no tienen naturaleza jurídica salarial (art. 103 LCT). Por lo que consideramos que cualquier avance en este sentido constituiría una violación a la ley y a la Constitución Nacional”, argumentan desde las entidades.
“Nos preguntamos qué sentido tendría entonces para la representación patronal concurrir a una Comisión Paritaria como lo es la CNTA, si las decisiones pudieran ser tomadas de facto por la UATRE con la complicidad del Gobierno Nacional y sin la anuencia del sector patronal, y en violación a las normas legales de procedimiento paritario”, acusaron desde CRA.
Las razones
Son bien conocidas las condiciones productivas y climáticas que caracterizaron al año 2022, lo cual podría concluir en una de las peores campañas agrícolas de la historia reciente del país.
Qué sentido tendría entonces para la representación patronal concurrir a una Comisión Paritaria como lo es la CNTA, si las decisiones pudieran ser tomadas de facto por la UATRE con la complicidad del Gobierno Nacional
“El sector agropecuario viene golpeado por tres años de sequías consecutivas que no recuerdan los registros; un retraso en los precios de los productos agropecuarios y en especial de la ganadería, un 60% por detrás de la inflación”.
Además, “se explicó a la UATRE que no están dadas las condiciones económicas para aceptar un bono adicional a las remuneraciones ya abonadas. A pesar de ello, el sector patronal concedió en la última reunión paritaria un aumento salarial sin precedentes para el sector, muy por encima de los guarismos inflacionarios”, aclararon desde CRA.
“Por ello consideramos un atropello sin precedentes esta pretensión de la UATRE, y más aún si esto termina plasmado en una resolución de la CNTA. Esta imposición afectaría sin dudas derechos y garantías constitucionales de los particulares, en absoluta contradicción con la ley vigente y la Constitución Nacional, por lo que no acataremos dicha resolución y recurriremos a las vías recursivas correspondientes en resguardo de las garantías constitucionales de nuestros representados”, afirmaron desde la entidad.
