La nueva regulación irá más allá de la legalidad: para ingresar al mercado de la UE, los productos no solo deben ser legales de acuerdo con los estándares del país productor, sino también libres de deforestación y degradación forestal.
Por ello, será necesario un estricto sistema de trazabilidad para vincular los productos con las tierras donde se produjeron. Los países serán evaluados según su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal.
El desafío para el sector agroexportador argentino es grande y la necesidad de redefinir sus modos de producción para adaptarse a las nuevas exigencias se hace inminente.
¿Problema u oportunidad?
El incremento del consumo y la demanda de alimentos a nivel mundial fomenta la expansión y la intensificación de la agricultura en diferentes regiones –como en Latinoamérica-, lo que suele llevar a un aumento en la deforestación y conversión de ambientes naturales. El Informe Planeta Vivo 2022 de WWF advierte que la creciente destrucción de la naturaleza está teniendo impactos catastróficos no solo en las poblaciones de vida silvestre, sino también en la salud humana, los medios de vida y la seguridad alimentaria.
En diálogo con EL CAMPO HOY, Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina, remarcó que existe una clara relación entre el consumo de los países europeos -especialmente de soja y carne vacuna- y varios de los principales Frentes de Deforestación identificados mundialmente, incluyendo el Cerrado y el Amazonas en Brasil y el Gran Chaco en Argentina y Paraguay.
Varios informes muestran cómo el consumo de productos agrícolas en el Reino Unido y en la Unión Europea (EU) están contribuyendo a la destrucción de bosques y otros ecosistemas naturales, incluidos pastizales y humedales e impactando de manera negativa sobre las comunidades locales.
Por esta razón, la Unión Europea aprobó recientemente una nueva Ley que busca garantizar que los productos importados a la región no hayan sido producidos en tierras deforestadas. Esta nueva regulación es la primera en el mundo que aborda la deforestación global y reducirá significativamente la huella de la UE en la naturaleza. Además, establecerá estrictas normas obligatorias de diligencia debida para las empresas que desean colocar productos relevantes en el mercado de la UE o exportarlos. Luego de este primer acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que adoptar formalmente el nuevo Reglamento y, una vez que entre en vigor, los operadores y comerciantes tendrán 18 meses para implementar las nuevas reglas. Las micro y pequeñas empresas gozarán de un mayor período de adaptación, así como de otras disposiciones específicas.
Trazabilidad productiva
“La nueva reglamentación es un hito en el compromiso por garantizar el fin de la deforestación global. Esta nueva ley impulsa a cambiar las políticas y los mecanismos actuales para alcanzar un sistema de trazabilidad que nos permita detener la deforestación y degradación forestal por las actividades productivas. El momento de hacerlo es ahora y el camino es claro: redefinir los modelos productivos y contar con sistemas confiables de monitoreo, que contribuyan eficazmente a la conservación de los bosques y ecosistemas naturales y que reduzcan los impactos socioambientales negativos de la actividad agropecuaria en nuestro país”, afirmó Jaramillo.
Dado que la UE es una importante economía y consumidora de productos básicos, este paso ayudará a detener una parte significativa de la deforestación y la degradación forestal a nivel mundial, lo que a su vez reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Este importante acuerdo se produce justo antes del inicio de la histórica Conferencia sobre Biodiversidad (COP15), que definirá los objetivos de protección de la naturaleza en las próximas décadas.
Aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como productos derivados (como carne de res, muebles o chocolate) han sido elegidos sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva que los identifica como los principales impulsores de la deforestación debido a la expansión agrícola.
Los puntos positivos
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es que las nuevas regulaciones irán más allá de la legalidad: para ingresar al mercado de la UE, los productos no solo deben ser legales de acuerdo con los estándares del país productor, sino también libres de deforestación y degradación forestal.
En particular, esta ley también brindará a los consumidores europeos la certeza de que los productos se han rastreado hasta el lugar donde se produjeron, evitando posibles lagunas en las primeras etapas de la cadena de suministro.
Pero eso no es todo. La Comisión ejecutará un sistema de evaluación comparativa que evaluará los países o partes de ellos y su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal (riesgo alto, estándar o bajo) y también teniendo en cuenta la expansión agrícola para la producción de los siete productos básicos y derivados. La lista de productos básicos que están cubiertos se revisará y actualizará periódicamente, teniendo en cuenta nuevos datos, como los cambios en los patrones de deforestación.
La nueva regulación europea apunta no solo a reducir los impactos del consumo de sus ciudadanos, particularmente las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, sino que también busca asegurar los medios de vida de millones de personas, incluidos los pueblos originarios y las comunidades locales de todo el mundo, que dependen en gran medida de los ecosistemas naturales.
Los puntos negativos
A pesar de una fuerte movilización ciudadana, los tomadores de decisiones excluyeron algunos elementos importantes: decidieron no apoyar la propuesta del Parlamento de extender el alcance a otras tierras no boscosas como las sabanas y pastizales, dado que muchas de ellas ya están bajo una inmensa presión por la conversión agrícola. Estos ecosistemas son importantes almacenadores de carbono y hábitat para muchas especies silvestres, además de proporcionar medios de vida para los pueblos originarios y las comunidades locales. Como compromiso, la Comisión llevará a cabo una evaluación de impacto sobre la viabilidad de incluir otros ecosistemas naturales y revisará esta opción un año después de la implementación de la ley.
La nueva regulación significaría un desafío para el sector agroexportador argentino y la necesidad de redefinir sus modos de producción para adaptarse a las nuevas exigencias y poder mantener las exportaciones.
La Argentina tiene un rol preponderante en el sistema alimentario global y este tipo de regulaciones ayudarán a traccionar cambios en los sistemas productivos, con el objetivo de avanzar hacia una producción sustentable.
A su vez, es uno de los pocos países que puede contar con sistemas confiables de monitoreo de las cadenas de suministro (especialmente en los productos de origen vacuno), que contribuyan eficazmente a la conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad.
Esto se traduce en una oportunidad única de colocar a los sistemas productivos argentinos en una posición de ventaja, a través de la definición de estándares de sustentabilidad en las cadenas de valor de la soja y la carne vacuna, lo que puede mejorar la resiliencia económica y ambiental y posibilitar beneficios para el gobierno, las empresas, el sector productivo y el medio ambiente.
