Propuestas y protestas del campo

En la tarde de ayer, los productores de Córdoba y San Luis pertenecientes a la confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), presentaron un manifiesto denominado “AGRO PARA EL FUTURO. Prioridades de política agropecuaria para una provincia productiva y sostenible”.

En el mismo, se dirigen a los candidatos que se postulen en este año. “2023 va a ser desafiante para todos los argentinos y también para nosotros los cordobeses, porque habrá elecciones para renovar autoridades”, sostienen.

Tenemos esperanza de que nuestros próximos gobernantes comprendan cuáles son las decisiones que deben tomar para que la economía vuelva a retomar dinamismo y crecimiento genuino, sin techos ni intervenciones distorsivas, 

continúa el documento.

Según agregaron, lo que presentaron “es fruto de nuestras conversaciones y reflexiones entre productores y empresarios. Nos organizamos en grupos regionales para enunciar cuáles deben ser las prioridades de una política agropecuaria para la provincia de Córdoba”.

En este sentido, manifestaron ofrecer sus conocimientos y colaboración a todas aquellas personas que aspiren a gobernar en la provincia de Córdoba, tanto en cargos ejecutivos como legislativos.

“Les contamos cuál es la realidad de la producción agropecuaria, sus desafíos y necesidades. Traemos propuestas, conocimiento de las cosas que funcionan bien y oportunidades que se presentan para emprender juntos, siempre buscando más y mejor crecimiento para nuestra provincia. Todos los logros, todas las conquistas de nuestros años de trabajo y participación desde nuestros espacios rurales van a ser custodiados y protegidos para asegurar la continuidad de las políticas que el campo necesita”.

¿Qué pidieron?

Los ruralistas elaboraron un listado de prioridades, encabezadas por una mayor actividad agropecuaria.

Afianzar la producción agropecuaria y convertirla en la actividad económica principal de la provincia de Córdoba, líder en producción de alimentos para el mercado interno y de exportación.

Segundo, libertad para producir. Respetar sin condicionamientos la libertad para producir y comerciar del sector agropecuario, como así también de toda la actividad privada.

Tercero, conectividad e infraestructura. "Ejecutar de manera inmediata un programa de conectividad e infraestructura para mejorar la competitividad, multiplicar la producción agropecuaria y expandir territorialmente la actividad económica".

Cuarto, una ruralidad planificada. "Promover una ruralidad planificada, mediante políticas activas y consensuadas con el sector, que ordenen la dimensión territorial y mejoren los servicios, la seguridad, la conectividad, el acceso a salud y educación".

Por último, una administración eficiente de los recursos. "El Estado concentrado en una administración transparente de los recursos y en generar incentivos concretos para ampliar, diversificar y fortalecer la actividad agropecuaria".

Fortalezas y asignaturas pendientes

También destacaron los avances y retrocesos. Y destacaron que temas tales como los Fondos específicos, la exención de los Ingresos Brutos, las leyes integrales y específicas, y las BPA son avances destacables en este sentido.

Y que la conectividad y comunicación; el manejo integral del riesgo; la legislación agropecuaria; mejorar la infraestructura vial, son los grandes temas pendientes.

Por último, plantearon los grandes desafíos, que pasan por el financiamiento productivo, nuevos esquemas tributarios, energías renovables y reforzar la seguridad rural.

Alerta y movilización

Por su parte, en la mañana de ayer, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) también hizo su jugada.

Con la presencia de los presidentes de todas las rurales que al componen, la entidad elevó una carta al mandatario y brindó una conferencia de prensa por lo que considera 

la muy escasa acción efectiva desplegada por el gobierno de la provincia

para ayudar a los productores afectados por la sequía.

Además, calificaron de “falacia” los $4.000 millones que los funcionarios difunden en concepto de ayuda y desmienten otro argumento oficial: que sin la nueva Ley de Emergencia tienen menos capacidad de acción.