Maqueda: "Designar por decreto es un escándalo para tapar otro escándalo"

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El exvocal de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda consideró que la designación por decreto de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla para integrar el cuerpo desata “un escándalo para tapar otro escándalo”, como el de las criptomonedas.

Maqueda, quien se jubiló en diciembre pasado, mantuvo un largo diálogo con Rodolfo Barili y equipo en Ahora país, donde habló de su paso por la Corte, las críticas que recibió del gobierno nacional por sus fallos y lo tildó de "jubilado", la edad de imputabilidad y otros.

Lo que sigue es un resumen de la conversación;

Sobre las críticas del Gobierno

Un jubilado soy, y con respecto a eso de cómplice que dicen ellos, no lo comparto totalmente, pero están en todo el derecho de decirlo. Yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión en todo sentido.

Como decía Voltaire, puedo no compartir nunca tus conceptos, pero podría dar la vida para que los pudieras decir, ¿no?

Sobre el nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto.

A mí me lo preguntaron ya con anterioridad, y yo lo definí como que me pareció horrible el decreto, o la designación por decreto, salvando a la persona de los jueces, que en esto no tiene nada que ver. Lo que me parece horrible es la actitud del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación, que a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias, y que el Congreso pueda seguir tratando los pliegos, toma la decisión de sacarlos por decreto y se pone al borde de una inconstitucionalidad.

Porque el mecanismo que estableció la Constitución Nacional, se refleja en el artículo 99, inciso 4: el Presidente de la Nación designa a los integrantes de la Corte Suprema y necesita enviarlo al Senado y el Senado, por dos terceras partes de sus miembros, le da el acuerdo, ya a esta última parte incorporada en la Reforma de 1994.

Yo creo que hacen un gambito y dejan de lado esto para basarse en otro artículo de la Constitución, que es muy viejo, que data de la Reforma de 1860, de la época en que no existían los ferrocarriles, que no existían los aviones, que no existían ninguno de los modernos medios de transporte que hay hoy.

Y donde el Congreso funcionaba solamente durante cinco meses y el resto tenía que tener el Presidente a mano para tomar una decisión de urgencia, un instrumento como el que le dio la Constitución en 1860, que le permitía nombrar por un decreto a los miembros de la Corte. Me parece que no es este el caso.

Acá durante el año pasado hemos visto que se debatió en el Congreso. Durante mucho tiempo, se hicieron audiencias públicas, se televisaron, y se debatió durante mucho tiempo los pliegos, tal es así que se habilitaron las sesiones extraordinarias, se han estado tratando los pliegos hasta ahora mismo. Entonces yo no encuentro cuál es la razón para hacer este gambito y saltar el procedimiento normal y designarlo por decreto.

El argumento que usa el Poder Ejecutivo en su comunicado y en el decreto es de que ya pasó demasiado tiempo y que no llegó a ninguna conclusión el Senado.

La verdad es que yo en esto, así como he sido defensor de la Corte en su momento y soy defensor de las instituciones en general, y cuando tengo que defender al Poder Ejecutivo lo defiendo, lo que creo sinceramente es que esto es mancillar a las instituciones democráticas, en este caso el procedimiento que establece la Constitución y al Senado de la Nación, que es quien tiene que dar el acuerdo. Con tres días de diferencia no se pueden justificar cosas de este estilo.

García-Mansilla y Lijo, casos distintos

Una cosa es tomarle el juramento a García-Mancilla, porque después de un acuerdo la Corte toma la resolución de que él tiene legitimidad total y absoluta para asumir, más allá de que a mí me guste o no me guste.

O sea el doctor García-Mancilla es una acreditada persona del derecho y un gran catedrático; por lo tanto, contra él no tengo absolutamente nada que decir.

Tampoco tengo nada que decir en contra Lijo, y yo tampoco tengo nada que decir en contra de los otros jueces de la Corte.

Si la Corte toma la decisión de tomarle el juramento al doctor García-Mancilla es porque están acreditadas todas las credenciales de legitimidad y de legalidad para que así se haga, eso está muy bien.

Lo del juez Lijo es más complicado, porque yo en los 22 años que estuve en la Corte no tuve ninguna situación como la del juez Lijo, que siendo juez de primera instancia llega en este momento a la Corte a través de un decreto.

Yo no sabría sinceramente qué decisión tomar y lo primero que haría sería ir a los antecedentes históricos que tiene la Corte en este sentido, en resoluciones de superintendencia, en fallos a través de su historia.

Lo que conozco, que es lo poco que he podido conocer desde que salió el decreto hasta hoy, es que en el año 1963 el doctor José María Guido, que era presidente de la Nación, designó ante una vacancia en la Corte Suprema de Justicia a un camarista federal que se llamaba José Francisco Guido.

Ese camarista, cuando se hicieron las elecciones y se cambió el Senado, no le prestó acuerdo y al no prestarle acuerdo perdió el cargo de integrante de la Corte y de integrante de la Cámara.

¿Lijo debe renunciar como juez?

Pareciera lo natural. También hay otros antecedentes de la década del 70. En el año 1975 un juez que tiene un apellido muy difícil, que es algo así como Nicholson, seguramente lo estoy diciendo mal. También este juez había sido designado en comisión como camarista. Ese ya no era en la Corte, sino que era como camarista, es menos fuerte que el anterior. Había sido designado como camarista y quería mantener el cargo de juez porque uno era interino, el de camarista, y el de juez era permanente.

Era un juez federal este hombre. Y ahí sí llegó a la Corte y la Corte dijo que no podía mantener dos cargos. Se presumía que si lo habían designado en el cargo de camarista, tenía que renunciar al juez.

Pero no hay dos casos iguales. Esos son los antecedentes que hay. Habrá jueces que a lo mejor estén de acuerdo con estos antecedentes y habrá jueces que no estén de acuerdo con estos antecedentes. Yo estoy diciendo lo que yo haría. Yo no estoy más en el tribunal. Yo voy a respetar absolutamente lo que diga el tribunal.

(…) me parece que no es un ascenso hacer un per saltum del juez de primera instancia a la Corte. Lijo en este caso tiene que renunciar porque no se puede retener un cargo de primera instancia.

La Corte es el máximo organismo judicial y además de ser la máxima expresión en el control de constitucionalidad del país es un órgano político que junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como cabeza del Poder Judicial es parte del gobierno. Entonces me parece a mí que hay una contradicción absoluta con mantener ese cargo.

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¿Por qué la insistencia con Lijo?

Veo que el gobierno ha insistido en el nombramiento de los dos jueces a tres días de la apertura de las sesiones ordinarias con el sentido de armar un escándalo que tape otro escándalo político.

Porque yo me imagino que los senadores e inclusive los diputados defenderán al Congreso que es lo que estoy defendiendo yo en este momento. Las atribuciones del Congreso, en este caso específico de la Cámara de Senadores de poder darle el acuerdo al Senado como manda la Constitución.

Si la Reforma Constitucional de 1994 quiso que se llevara el número de votos que se necesitaban para confirmar un juez de la Corte de la mitad más uno como era antes a dos tercios, es porque realmente consideró que era muy importante la participación del Senado en la designación del miembro de la corte.

Y de hecho con este mecanismo el gobierno no puede ignorar que está soslayando total y absolutamente al Senado y al Congreso.

Porque es una operación compleja, no es una operación simple que el Presidente decide por sí mismo. El Presidente decide pero el Senado le tiene que dar el acuerdo.

Y el gobierno solamente se excusa con esto diciendo que el decreto es por parte del Presidente porque el Senado no lo trató. ¿Y dónde está eso en la Constitución?

El Senado puede seguirlo tratando en las sesiones ordinarias que empiezan dentro de tres días. Ahora, ¿legalmente es sí o no?

La legalidad del acto de Milei

Puede ser legal. Muchos constitucionalistas se inclinan con que es legal porque está esa opción para el periodo donde no está en funcionamiento el Congreso. Ahora, la realidad es que a la Constitución hay que leerla en un conjunto. Es un sistema de normas, no es una norma que está sola. Y

hay que leerla en el marco de la realidad en la cual se aplica.

¿Y si el Senado rechaza los pliegos? ¿Se caen las designaciones?

También esa interpretación de parte del gobierno de que obligatoriamente tienen que estar hasta el 30 de noviembre es una interpretación subjetiva de parte de ellos y un poco antojadiza.

El Senado, desde el 1 de marzo hasta que terminen las sesiones ordinarias del 30 de noviembre, no necesita de otra cosa que su voluntad para tratar los pliegos, para aprobarlos o para rechazarlos.

O sea que lo puede rechazar tranquilamente. ¿Y ahí automáticamente caería la designación? Hay jurisprudencia en ese sentido. Y claro, por supuesto.

¿Seguir en la Corte, un deseo?

No, no, no. Yo tuve oportunidad para hacerlo a esto y antes de tomar una decisión, o sea nueve meses antes, diez meses antes me notificaron que iba a ser reemplazado por el doctor García Mancilla.

Desde ese momento, que a mí me agarró de sorpresa, yo me olvidé totalmente de seguir en la Corte. Yo creo que hay que cumplir la Constitución al pie de la letra y me parece lo más lógico.

Y yo en ese tiempo, como habitualmente se hace en esos 10 meses finales o en esos 12 meses finales, podría haber evaluado si el Presidente iba a querer mandar mi pliego de nuevo y si el Senado iba a querer aprobar mi pliego de nuevo.

No llegué a hacerlo porque en una actitud insólita, porque no se había hecho nunca antes, me avisaron nueve, 10 meses antes que me tenía que ir. Y me fui muy contento, me fui muy bien. La verdad es que no tengo ningún deseo de volver.

La relación gobierno-Corte, en una palabra

Tirante. Es una relación tirante. Pero que no, no porque lo busque la Corte, ¿no? O sea, en el tiempo que estuve yo, hasta el 29 de diciembre de este año, en ese término ahora han pasado muchas cosas y yo estoy totalmente al margen. O sea, ni siquiera tengo otra información que no sea la de los medios de comunicación. Al 29 de diciembre era una relación distante y quizá tirante. Solamente se hablaba con el Gobierno los temas que hacían al funcionamiento normal de la Corte en un año de muchísima inflación, como era el ajuste de los sueldos, por ejemplo.

¿Algún arrepentimiento?

No lo tengo en la cabeza, pero seguramente me voy a arrepentir de algún fallo. La verdad es que esta pregunta no me la esperaba nunca. Así que no sé en este momento, quizá en otro momento se lo pueda decir repasando los fallos, pero seguramente no. Yo creo que no somos infalibles como hombres y que nos equivocamos permanentemente. O sea, seguramente que me voy a arrepentir de alguno, pero no tengo el nombre del fallo en el cual me puedo arrepentir en este momento.

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¿La peor relación con un gobierno?

Con el de Alberto Fernández. Se inauguró el año 2023 con el Presidente anunciando un pedido de juicio político para la Corte. Y fue un año muy intenso el del pedido de juicio político.

CFK y el “lawfare”

El "lawfare" es una teoría que es muy usada por los sectores políticos que tienen que rendir cuenta ante la justicia. Pero no es el desarrollo de una doctrina o de una teoría que haya arraigado en el mundo. O sea, yo entiendo que eso se use como una excusa ante la imposibilidad de tener una defensa jurídica. Pero esto se usa como una defensa política. Entonces, nos quieren politizar a nosotros, a nosotros, a los que estábamos antes. Quieren politizar a la Corte en ese sentido y ponerla en igualdad de condiciones discutiendo una cuestión política y no los temas jurídicos que discute la Corte.

¿Por qué insistir con Lijo?

Se sacó un decreto tres días antes de las sesiones ordinarias. Hasta ahí venía todo bien. O sea, era un tratamiento en el Senado. Era un tire y afloje, como son todas las cosas en la negociación política. Hasta ahí va todo bien.

Lo del criptoGate, ¿escándalo político o delito?

El delito lo va a determinar el fiscal que está investigando, y la doctora (María Romilda) Servini que es quien tiene a su cargo este tema. O sea, no me corresponde a mí definir el delito. Ahora, que es un escándalo político, es un escándalo político. Y se convirtió en un escándalo político a pesar del gobierno, porque realmente fue un acto de irresponsabilidad por parte del presidente haber participado de ese hecho.

La Corte, como cuerpo político

En cada fallo que saca la Corte, está haciendo un pronunciamiento político, porque la forma de expedirse de la Corte es la sentencia. Así como la del Congreso es la ley, o la del presidente es el decreto, la Corte tiene la sentencia. Entonces, las sentencias siempre van a tener una interpretación política, más allá de que la Corte se haya querido ajustar siempre a lo jurídico, lo político está presente.

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El peso de la jurisprudencia en los fallos de la Corte

Pesa muchísimo la jurisprudencia de la Corte, porque la jurisprudencia de la Corte generalmente no se cambia por hechos políticos, sino que se cambia cuando cambia la realidad del mundo.

Para tomar un ejemplo que no es nuestro, que es norteamericano y que es universal, quizá el fallo más famoso del siglo XX de la Corte norteamericana, que se la conoce como la Corte Warren, fue el fallo Brown. Era lo que permitía que un hombre negro y un hombre blanco fueran a la misma universidad y al mismo colegio. Y al mismo tiempo terminaba con la discriminación racial que venía desde hace 100 años, cuando la Corte había fallado, que eran iguales pero que tenían que educarse en establecimientos distintos. Había establecimientos para blancos y establecimientos para negros. Estas cosas que cambian la realidad social son las que llevan generalmente a cambiar la jurisprudencia de la Corte.

Las cajas de jubilaciones

El tema de la caja de jubilaciones de Córdoba es un tema que está dentro de lo que la Corte ha denominado el federalismo fiscal y que dio lugar a un fallo de la Corte en el año 2015 que cambió la jurisprudencia de la Corte y hizo a la Corte participar de los temas de federalismo fiscal. Yo creo que la Corte lo puede tratar en cualquier momento a ese tema. Lleva tiempo el procedimiento, pero es un tema no solo de la Caja de Jjubilaciones de Córdoba sino de todas las cajas de jubilaciones que no han sido transferidas. Es un tema que la Corte en algún momento lo va a tener que tratar y yo sería un audaz si le dijera a usted de qué va a ser tratado este año. Yo directamente no tengo ni la menor idea de si puede ser tratado o no este año. Esa va a ser una decisión de los jueces en un acuerdo.

Baja de la edad de imputabilidad

Estamos en un tema límite como el que yo le decía, el ejemplo que yo le estaba dando de Estados Unidos. Lo primero que yo haría sería establecer a nivel nacional lo que existe en algunas provincias que es un régimen penal juvenil. Argentina no lo tiene a nivel nacional.

Y dentro de ese régimen penal juvenil se puede tratar este tema, se debe tratar este tema de la baja de la edad de la imputabilidad. Allí habría que atenerse a todos los datos precisos que está dando la realidad de hoy, que parece mostrar que la baja de la imputabilidad, a pesar de que yo nunca la compartí, hoy parece mostrarse científicamente que es necesario para los temas de inseguridad. Mejor dicho, para la reforma del Código Penal, que es una parte de los temas de inseguridad, es la última parte, porque la justicia llega en estos temas cuando ya los delitos están cometidos. Pensar que se va a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, como se está hablando ahora, en lugar de los 16, y que eso va a disminuir drásticamente los delitos, a mí me parece una ingenuidad.

La confianza en la Justicia

Hay desde hace mucho tiempo un bajo concepto de la justicia en general, en la misma medida también se multiplican los casos que llegan a la justicia, cosa muy rara, porque si yo desconfío de alguien no voy a ir a litigar ante esa persona.

Yo lo que creo es que la justicia tiene un ritmo que es inevitable, ese ritmo que tiene la justicia la lleva a tener una lógica, que es la lógica de la certeza, o el acercarse lo máximo posible a la certeza, y es una lógica totalmente distinta de la que tiene el hombre de a pie, que vio que sucedió un asesinato y que quiere una solución ya. Todo eso lleva su tiempo, y la justicia que yo he vivido en estos 22 años tiene códigos que exigen que lleve su tiempo, ¿no? Se podrán hacer cosas para acortarlo. A lo mejor la inteligencia artificial puede, yo digo puede porque desconozco totalmente con respecto a la inteligencia artificial, pero puede en el futuro dar soluciones más rápidas a temas que demoran, pero siempre va a haber detrás de eso una persona, siempre va a haber detrás de eso un juez, siempre va a haber detrás de eso un fiscal que necesita su tiempo para resolver.

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