Menor reincidente: Montero explicó que la tobillera es una medida excepcional

El caso de un adolescente de 15 años en Córdoba causó un intenso debate sobre el sistema penal juvenil en Argentina. Este joven, objeto de 19 intervenciones judiciales, fue capturado en múltiples ocasiones por asaltos violentos, principalmente contra conductores de aplicaciones de viaje como Uber, en barrio Marqués Anexo.

La jueza penal juvenil Ileana Benedito determinó que el joven es "no punible" debido a su edad, lo que significa que no puede ser encarcelado. La jueza instó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a hacerse cargo de su rehabilitación y a asegurarse de que no regrese a Marqués Anexo. Sin embargo, el joven ya escapó de las residencias donde se le brindó cuidado en dos ocasiones.

En respuesta a esta situación, la Senaf solicitó por primera vez a la Justicia la imposición de una tobillera electrónica para monitorear al adolescente. La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, explicó que esta medida busca controlar su ubicación y ayudar en su reintegración social. "Es una medida inédita que permite el uso de tecnología en un caso excepcional", afirmó en una entrevista en Cadena 3.

La ministra detalló que la tobillera emite señales dentro de un perímetro específico. Si el joven se aleja de esa área, se activa una alarma en el centro de control. "El sistema monitorea permanentemente el dispositivo, permitiendo que se tomen medidas si el joven se mueve fuera del perímetro autorizado", explicó Montero.

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A pesar de las nuevas medidas, persisten las dudas sobre cómo se llevará a cabo el monitoreo efectivo del adolescente. La ministra enfatizó que el abordaje debe ser individualizado, reconociendo que cada joven tiene necesidades diferentes. "No nacemos de un repollo; somos producto de nuestra familia y comunidad", reflexionó Montero.

La ministra también abordó la necesidad de cambios en las leyes que rigen el sistema penal juvenil, señalando que las circunstancias actuales requieren una adaptación a la realidad de los jóvenes de hoy. "Las leyes deben evolucionar para abordar el contexto social que enfrentan", afirmó.

Montero reconoció a Cadena 3 que el sistema enfrenta problemas, con un alto número de jóvenes en situaciones similares. "Cada año, tenemos alrededor de 6.500 intervenciones con niños en situaciones de vulnerabilidad", indicó.

"Si hay algo que me parece que tengo es criterio de realidad y trato todos los días de mejorar el lugar desde el que me toca gobernar", afirmó. La ministra aseguró que se están llevando a cabo investigaciones para determinar responsabilidades y mejorar los procesos en la Senaf.

Además, subrayó la importancia de buscar soluciones que no solo se centren en el control, sino también en la rehabilitación y reintegración social de los jóvenes. "Debemos construir un proyecto de vida que sea alternativo al delito", sostuvo.

Por último, Montero hizo un llamado a la comunidad para que se involucre en la búsqueda de familias de acogimiento para niños sin cuidados parentales. "Es un compromiso y una corresponsabilidad no solamente del Estado, sino de cada uno de nosotros", concluyó. La ministra enfatizó que la situación de los jóvenes en conflicto con la ley requiere un esfuerzo conjunto para abordar los problemas sociales que los afectan.

Por su parte, Valeria Plaza, investigadora del Ciecs (CONICET) y docente de la facultad de Ciencias Sociales de la UNC calificó a la medida de “preocupante” y advirtió en diálogo con Cadena 3 que las mismas tiene que ser tomadas dentro de un régimen penal juvenil.

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“Si se aplican medidas de excepción de libertad lo tiene que hacer el sistema penal”, indicó y calificó de grave que se redacte la ley a partir de los hechos.

“Lo que debió hacer la Senaf es exigir una ley y las medidas que se van a aplicar”, alertó y reiteró que “es preocupante que sobre un caso se fueron buscando medidas” ya que “no es lo más adecuado.

Entrevista de Rodolfo Barili, Juan Federico y Miguel Clariá.