Ocaña, sobre el fraude en discapacidad: "Tiene que haber una investigación penal"

El Gobierno nacional denunció "un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas" en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que implicaría un total de 3.400 millones de dólares.

Las nuevas autoridades del área, dependientes de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, estimaron que el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad.

Las irregularidades llevaron a una denuncia penal realizada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y que es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Graciela Ocaña, exdirectora del PAMI y actual legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criticó el manejo de las pensiones por discapacidad durante una entrevista con Cadena 3. Según explicó, "en algunas provincias hubo como una organización que intentó a través de pensiones por discapacidad entregar prestaciones sociales que no tenían sentido porque obviamente eran personas que no tenían discapacidad".

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La legisladora opinó que esta situación es una ofensa para aquellos con verdaderas necesidades y destacó la importancia del papel de los profesionales de salud en este proceso. "Esto tiene que tener la firma de un profesional de la salud". También señaló el papel crucial desempeñado por funcionarios públicos en este desvío indebido de fondos.

Además, hizo hincapié en las dificultades enfrentadas por aquellas personas con certificados legítimos de discapacidad para acceder a servicios esenciales. Por ello, llamó al Gobierno nacional a auditar e investigar penalmente esta situación pero sin interrumpir las prestaciones existentes: "Lo importante aquí es que el Gobierno audite, se haga una investigación penal, pero también que no corte las prestaciones", dijo.

Ocaña describió la situación como "inmoral y no ética" el hecho de montar un sistema fraudulento basado en los discapacitados. "Es realmente inaceptable. En Argentina la verdad que han aumentado enormemente estos presupuestos sociales y lamentablemente no ha bajado la pobreza, sino que la ha duplicado. También hay una discusión que tenemos que dar en nuestro país, de qué prestaciones habilitamos y que las personas que tengan la inhabilitación sean las que realmente la deben tener", concluyó.

El primer corte de la auditoría fue realizado por los funcionarios de La Libertad Avanza y detalla que solo "el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos". En un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro.

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"Entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez pasaron de 79.000 a 1.045.000", detalló el vocero presidencial Manuel Adorni. "A diciembre de 2023 las pensiones ascendieron a 1.222.000", dijo respecto a la gestión de Alberto Fernández.

"Del total de pensiones, 25.000 pertenecían a personas que están trabajando y 60.000 que presentan incompatibilidad de requisitos", dijo Adorni. El vocero describió un caso en el que un médico adjuntó la radiografía de un perro para justificar una pensión por discapacidad solicitada, como parte de las modalidades fraudulentas.

Adorni explicó que algunos beneficiarios de pensiones tenían varias propiedades afuera del país, autos, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con hasta aviones privados.

"Por ejemplo, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, tiene 683 empleados que reciben una pensión por discapacidad y de ellos, el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días, cuando en promedio estos trámites tardan cerca de dos años", relató. "En Chaco, se encontró que una misma radiografía de hombro fue presentada en 150 casos para justificar pensiones por invalidez", precisó el funcionario nacional.

Un caso más resonante que contó el vocero presidencial fue el de un médico de Corrientes que utilizó la radiografía de un perro para justificar el pedido de pensión. "En la radiografía se ve la colita. Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente", anticipó Adorni.

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