Pensiones por invalidez: denuncian ola de certificados truchos en un municipio de Chaco

El fiscal federal de Chaco, Carlos Amad, investiga dos causas que involucran a miles de pensiones por invalidez laboral y certificados de discapacidad irregulares. En la primera causa, se trata de unos 800 beneficiarios que representan el 10% de la localidad de Taco Pozo.

Por las irregularidades, fueron imputadas nueve personas, entre los que están el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y "gestores", vinculados a la organización. Se estima que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos e iniciar al expediente luego era aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El dinero exigido por los llamados gestores consta en varios cuadernos, que fueron secuestrados en los allanamientos.

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La segunda causa, en tanto, involucra a unos 23.000 beneficiados. Se investiga el mismo tipo de delito e involucra a 37 localidades de la provincia de Chaco como Villa Río Bermejito, San Bernardo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del Infierno y Corzuela.

Ambos casos se dieron a conocer tras la denuncia del Gobierno nacional respecto a un fraude en el otorgamiento de pensiones por invalides por un monto en dólares que alcanza los 3.400 millones. La auditoría derivó en una denuncia penal que quedó bajo la investigación del fiscal Guillermo Marijuan.

A raíz del escándalo desatado en Chaco, el fiscal federal Carlos Amad habló con Cadena 3 y confirmó el secuestro de los cuadernos que daban cuenta de los montos que los beneficiarios les pagaban a los "gestores".

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"Estas personas, amparándose en sus cargos, hacían todas estas maniobras para otorgar a personas que no les correspondían estos beneficios", dijo Amad.

Además del intendente Ibáñez, están implicados su hija -quien es delegada local de ANSES-, trabajadores locales del organismo de seguridad social y personal médico y administrativo del hospital. Hasta ahora, hay 13 personas imputadas en total.

Las investigaciones comenzaron en febrero 2023 y las indagatorias terminarán el 20 agosto este año. Según Amad, se descubrieron cuadernos donde una de las imputadas se quiso desprender tirándolos al predio vecino. En estos cuadernos estaban anotados los nombres de las personas beneficiadas fraudulentamente y cuánto pagaban por ello.

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"Hay personas que pagaban $10.000 o $15.000. Lo curioso es que las personas que aparecen dentro de esa lista aparecen también cobrando el beneficio", dijo Amad en diálogo con Cadena 3. Y añadió: "Habría unas 23.200 pensiones de este mismo modo, lo que es un escándalo".

A los imputados se les acusa de fraude en perjuicio a la administración pública, falsedad ideológica en instrumento público y ser integrantes de una asociación ilícita. "Vamos a ver qué resuelve el juez de instrucción", dijo Amad.

Por último, el fiscal destacó que muchas víctimas eran personas vulnerables que no entendían completamente lo que estaba sucediendo. "Hay gente que cobraba el beneficio y pensaba que era algo que le habían regalado en internet", concluyó Amad.

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.