Todo ocurrió en los primeros minutos del 6 de agosto de 2020. La medianoche del miércoles ya había trocada en madrugada del jueves, cuando un grupo de cinco adolescentes buscaban regresar al Centro de la ciudad de Córdoba luego de buscar al último ocupante del Fiat Argo en la zona sur.
Primero había tenido un encontronazo con dos motociclistas a metros de la rotonda de Las Flores. Una discusión mínima por una mala maniobra vial que generó reproches cruzados.
Ya de regreso, los jóvenes cruzaron las vías y se internaron en la avenida Vélez Sársfield. Fue entonces que a la altura del Pablo Pizzurno, se toparon de frente con un control policial. Dos móviles cruzados, un carril para pasar y cuatro uniformados de pie.
El conductor del Argo declararía después que se asustó cuando uno de los policías, Lucas Gómez, lo apuntó de frente con su pistola reglamentaria. Lejos de frenar, aceleró. Fue entonces que una lluvia de seis balazos policiales impactaron contra el auto en el que iban los adolescentes, amigos del colegio. Uno de ellos, atravesó por la espalda a Valentino Blas Correas (17) que viajaba en el medio del asiento trasero. Y lo mató.
El crimen policial de Blas marcó un punto de inflexión en Córdoba. Pese a que antes y luego de este asesinato se continuaron produciendo los casos de "gatillo fácil" en la provincia, como nunca antes este homicidio involucró a todos los sectores de la sociedad en un pedido tan simple como complejo al mismo tiempo: nunca más.
Tras asesinar a Blas, los policías sacaron un viejo revólver que llevaban en el baúl de uno de los autos y contaminaron la escena del crimen: intentaron hacerle creer a la Justicia que ellos le habían disparado al Argo porque los adolescentes iban armados.
Toda la maniobra se descubrió. En total, 13 policías fueron imputados. Sólo en el juicio por el acuartelamiento azul de fines de 2013 hubo más agentes sentados en el banquillo de los acusados.
Por eso, cuando este viernes a la tarde se escuche el fallo de la Cámara 8ª del Crimen se estará escribiendo en ese mismo momento una sentencia histórica para la Justicia provincial de Córdoba.
Tras un juicio que se extendió por seis meses, y cuyo final fue apresurado por las partes ante la extensión que habían tomado las audiencias, la mayor parte de la investigación del fiscal José Mana aparece ratificada.
El policía Lucas Gómez, de cuya arma partió el balazo que mató a Blas, recibirá prisión perpetua.
Javier Alarcón, el otro agente que disparó contra el Argo, se debate entre una perpetua o una alta pena de más de 20 años de prisión.
Los otros 11 acusados también tienen perspectivas de condenas. Ellos saben que su futuro en la fuerza ya no existe más y ahora sólo les queda esperar si las penas que les impongan les permitirá volver a la libertad a aquellos que han llegado presos al juicio. Encubrimiento, omisión de los deberes de funcionario público y falso testimonio son la mayoría de las figuras penales que les endilgan.
"Una maquinaria tropera", los describió uno de los fiscales del juicio, Marcelo Hidalgo. Disparar, matar, plantar un arma, avisar a superiores y organizar en tiempo récord toda una cadena de relatos falsos con la idea de despistar a los investigadores.
Un dato no menor: fueron otros policías, de la división Homicidios, los que permitieron llegar a esta verdad.
Los ahora acusados sostienen entre dientes que ellos actuaron de esa manera para "preservar" a la fuerza y que luego les "soltaron la mano". Aún en medio del espanto, varios de ellos todavía no logran reconocer la dimensión del término violencia institucional.
Pero las penas que se conocerán este viernes sólo forman parte de uno de los capítulos judiciales del crimen de Blas.
Hoy, la mayor atención está puesta no en las condenas y los montos de las penas que recibirán estos 13 policías, sino sobre a quiénes más la Justicia comenzará a investigar a partir de ahora por otras responsabilidades en torno al caso.
El fallo, sostienen todos los involucrados en este juicio, perforará el techo de lo investigado hasta ahora.
Los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo ya formularon varios pedidos en ese sentido.
Solicitaron que el entonces ministro de Seguridad Alfonso Mosquera (hoy legislador oficialista) y su mano derecha, Lucas Mezzano (exsubsecretario de Coordinación y Planificación Técnica y actual miembro del flamante Tribunal de Conducta Policial), sean perseguidos judicialmente por el extraño préstamo de auto Toyota Corolla al excomisario Gonzalo Cumplido, apartado tras el crimen. En este caso, la sospecha trasciende al crimen: se pidió analizar un presunto caso de corrupción política.
Sobre el mismo Cumplido, que ya fue sobreseído en la instrucción de la causa, también los fiscales pidieron que sea investigado por no haber cumplido con su deber laboral aquella madrugada.
"Hubo una conjunción de voluntades y responsabilidades institucionales que llegaron a los más altos jefes de la fuerza", denunció en los alegatos el fiscal Hidalgo, quien además solicitó investigar a dos comisarios más, Ludueña y Distéfano, por presuntas irregularidades en el centro de comunicaciones de la Policía aquella noche.
Y solicitó investigar también a un grupo de 10 policías que durante esa madrugada frenaron al Fiat Argo en la esquina céntrica de Corrientes y Chacabuco y evitaron que el conductor lograra llevar a Blas hasta el Hospital de Urgencias.
A todo esto, el abogado de los padres de Blas, Alejandro Pérez Moreno, incluyó en el pedido de investigación a la actual jefa de Policía, Liliana Zárate, quien al momento del crimen era la jefa de Formación Profesional. Ella tenía a su cargo los legajos de los policías Gómez y Alarcón, quienes estaban trabajando pese a tener otras imputaciones y, en el caso del segundo, de no haber aprobado una práctica de tiro.
En el Panal siguen muy de cerca esta última situación. Diferentes funcionarios vinculados a Tribunales intentan establecer qué va a pasar con la jefa. Se reconoce que si sobre ella termina por dictaminarse un pedido de investigación, su situación al interior de la Policía será delicada.
La mamá de Blas, Soledad Laciar, ya adelantó que el fallo del viernes sólo se tratará de la culminación de una primera etapa. Y que la familia no bajará los brazos en cuanto a las investigaciones que podrán abrirse a partir de la sentencia.
Lejos de terminar, todo indica que la investigación por el crimen de Blas tendrá otro impulso a partir de las próximas horas.
