A una semana, las 10 claves del espanto de Aralí

Juan Federico

Las cámaras. La investigación que lleva adelante el fiscal subrogante de Morteros, Oscar Gieco, reunió en menos de una semana elementos claves para comprometer al padrastro de Aralí Vivas (8), Matías Ezequiel Simeone (33), y a un amigo, Cristian Hernán Varela (40), quienes desde el domingo están presos acusados de homicidio calificado, carátula que seguramente se agravará.

El viernes 1° de este mes, según los registros de la cámara de seguridad, a las 21.16 Varela llegó en bicicleta a la casa de Simeone, ubicada en calle Caseros al 800, de Brinkmann. Ingresó y se quedó junto a él, a Aralí y a otros dos hermanitos de 7 y 4 años.

Rocío Rauch (28), la mamá de Aralí, no se encontraba, ya que esa mañana había viajado a Morteros. Según su familia, había ido a reclamarle al padre de Aralí (con quien tuvo otro hijo más grande) que le girara el dinero de la ayuda estatal. Rauch se había ido junto a una beba de dos meses, la cuarta hija que tuvo con Simeone. Para la fiscalía no está claro el motivo del viaje a Morteros, ya que hay registros de que allí se encontró con una persona con la que se habría quedado buena parte de la jornada. Incluso, esa noche no regresó a Brinkmann.

Lo concreto es que, del análisis de las cámaras, se detectó que Simeone y Varela estuvieron junto a Aralí y los otros dos niños adentro de la casa de calle Caseros hasta la medianoche. A las 0, se observó salir a Varela, quien regresó a las 0.09. A las 0.11, el que se retiró en bicicleta fue Simeone, aunque regresó minutos después. Luego, Varela y el Simeone se marcharon junto a las 0.24, dejando a los chicos solos en la vivienda. El padrastro de Aralí recién regresó a las 3.27.

En este sentido, los registros fílmicos dejaron ver que Varela llegó en bicicleta a la casa de Simeone a las 21:16 del viernes. A partir de ese momento, se detectaron varios movimientos sospechosos, ya que Varela se retira de la escena a las 00:00 del sábado con rumbo desconocido y regresa nueve minutos más tarde.

Ya en la mañana del sábado, a las 13.36, se observa cómo Simeone sale de la casa junto a sus hijos de 4 y 7 años y los lleva a una plazoleta. A los 10 minutos, regresó solo, momento en que comienza a salir humo negro de la habitación de Aralí, lo que motivó que un vecino llamara a los Bomberos.

Minutos después de las 14, cuando los bomberos extinguieron el fuego, que sólo había afectado a esa pieza, descubrieron el cuerpo carbonizado de Aralí, boca abajo, sobre la cama. A los efectivos les llamó la atención que la niña no hubiese intentado escapar de las llamas.

Autopsia. Horas después, el forense Mario Vignolo, a cargo de la autopsia, confirmaría que en realidad Aralí ya estaba muerta cuando comenzó el incendio, ya que no tenía monóxido de carbono en los pulmones y en los bronquios. O sea, cuando el fuego comenzó ella ya no respiraba. La habían asesinado antes.

Aquella tarde, Vignolo estaba en la provincia de Santa Fe. Cuando lo llamaron por teléfono, comprendió de inmediato la urgencia de regresar a San Francisco, donde está la morgue. Pese a que se trata de un médico con una impresionante trayectoria, jamás ha logrado acostumbrarse a tener que analizar un cuerpo en estas circunstancias. Pero detrás del horror, está la premisa de encontrar la verdad.

"Vimos un cadáver totalmente carbonizado y en parte calcinado. Lo primero que uno hace es ver la tráquea, los bronquios, buscando el negro del humo, del hollín. Y estaba totalmente limpio, eso es un indicador indubitable de que la niña al quemarse ya estaba muerta. Eso a uno lo pone de mal humor, y empezamos a buscar más cosas", contó Vignolo a Cadena 3, revelando la clave que determinó el vuelvo en la investigación judicial.

En ese punto, el fiscal Gieco agregó en otra entrevista con Cadena 3: "Los pulmones no estaban colapsados, por lo cual se determinó que no murió asfixiada".

Cámara Gesell. Los hermanitos de Aralí, que estaban en esa casa cuando sucedió el crimen, contaron que ya en medio de la noche del viernes dejaron de verla. Que se quedaron solos en la madrugada y que cuando ya en el mediodía del sábado el padre les dijo de ir a la plaza, una de ellas subió a la pieza para avisarle a Aralí, que no le respondió.

“No se puede afirmar que los menores hayan sido testigos del crimen”, apuntó el fiscal Gieco en una conferencia de prensa. Y acotó: “Son niños muy chiquitos y no tenían conocimiento de la muerte de Aralí, pero sí una hermanita contó que fue a despertarla y no respondía, y que la dejó ahí porque pensaba que tenía sueño”.

Fue en el marco de esta declaración ante los peritos judiciales, que los niños brindaron otros detalles que revelaron el calvario que se vivía en el interior de ese domicilio de Brinkmann.

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La pista del abuso. El fiscal Gieco mencionó que "probablemente la niña haya sufrido algún tipo de abuso" y están a la espera de los análisis forenses. Y confirmó que hay "testimonios de dichos espontáneos de uno de los imputados al momento de la detención, donde dijo que 'era costumbre que la abusaran'".

La hipótesis judicial es brutal: durante la noche del viernes, Aralí fue asesinada en el marco de un abuso sexual. Luego, incendiaron la habitación, prendiendo fuego el colchón, para intentar borrar las pistas y disimular lo que realmente había sucedido.

La responsabilidad de la Senaf. Durante la masiva marcha que se realizó el domingo a la noche en Brinkmann, los vecinos señalaron a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende del Ministerio de Desarrollo Humano que dirige Liliana Montero.

Sucede que la Senaf ya había intervenido en el hogar de la familia Rauch-Simeone. A fines de 2023, le habían quitado la custodia de los tres hijos más chicos (aún no había nacido la última beba), producto de la relación entre Simeone y Rauch. En tanto, Aralí y su hermano más grande estaban bajo el cuidado del padre paterno.

Entre otros motivos, en los informes oficiales de la Unidades de Desarrollo Regional de San Francisco (Uder), que dirige Lorena Vanay y que forma parte de la estructura de la Senaf, se dejó asentado que cuando los trabajadores sociales llegaron al domicilio de la familia, habían encontrado a Rauch bajo los efectos de sustancias tóxicas, mientras intentaba amamantar a su entonces hijo más chico.

Durante unos meses, Simeone y Rauch se instalaron en una población cercana, en la provincia de Santa Fe. Hasta que regresaron.

En el registro de la Senaf consta la intervención sobre los tres hijos que en ese momento tenían en común Rauch y Simeone, pero llamativamente no hubo ninguna acción en torno a Aralí y su otro hermano más grande, pese a que también formaban parte del mismo núcleo familiar.

El 3 de julio último, los técnicos de la Senaf le enviaron un informe a la jueza de Familia de Morteros, Alejandrina Delfino, dictaminando que ya podía cesar la medida de restricción familiar, sugiriendo, una vez más, la revinculación.

De acuerdo a estos informes, Rauch ya había superado sus problemas de adicciones y Simeone había completado un tratamiento psicológico. ¿Cómo una persona con una notable adicción a las drogas, como Rauch, se había recuperado tan pronto? La pregunta no tuvo ni va a tener una respuesta lógica.

Lo concreto es que el 29 de agosto, en base a esos informes de la Senaf, la jueza Delfino revolvió devolverle todos los hijos a la pareja. A esa altura, ya había nacido el último bebé de Rauch. Aralí también se integró al núcleo familiar y todos juntos pasaron a convivir en la casa de calle Caseros al 800.

La fiscalía de Gieco ya tiene varios testimonios acumulados, de maestras, vecinos y asistentes sociales que subrayan que era evidente el alto grado de vulnerabilidad en el que habían quedado Aralí y sus hermanos luego de la que Senaf dictaminara la "revinculación".

La condena condicional al padrastro. Simeone gozaba de la libertad condicional luego de que el 7 de septiembre del año pasado la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco lo condenara, tras pactar un juicio abreviado, a dos años y tres meses de prisión por una colección de figuras penales: amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, violación de domicilio, lesiones leves calificadas, daño, y desobediencia a una orden judicial.

La resolución, avalada por los jueces Alejandro Acuña, Claudio Marcelo Requena y Guillermo Julio Rabino, resulta llamativa si nos detenemos en una simple comparación: esta semana, un vecino de las sierras de Córdoba fue condenado a tres años de prisión condicional porque se le escapó el fuego en un asado que estaba haciendo, lo que originó un incendio forestal. O sea, en el sistema judicial de Córdoba terminó siendo más gravoso generar un incendio forestal por negligencia que amenazar, golpear y hasta tener un arma de fuego clandestina encima.

Un "aguantadero". En octubre pasado en el domicilio de la familia Rauch-Simeone se produjo un allanamiento judicial: la Policía encontró que allí se escondía un prófugo en una causa por violencia de género y abuso sexual, y se encontró un arma de fuego ilegal.

El dato es revelador: que haya tenido en su casa a un prófugo, además de un arma, ya era suficiente para que la Justicia le revocara la libertad condicional a Simeone.

El mismo razonamiento le cabe a la Senaf: ¿nadie se enteró lo que acababa de descubrir la Policía en ese hogar donde los chicos estaban siendo "revinculados" con sus padres? Fue mucho más que una señal de alarma que todos desoyeron.

El fiscal Gieco hoy tiene testimonios y otros elementos que le permiten inferir que en esa casa funcionaba como una suerte de "aguantadero" al que llegaban personas con diversos antecedentes penales, algunas de ellas vinculadas con delitos contra la integridad sexual.

¿Quién se hace cargo? Los jueces que condenaron a Simeone, pero lo dejaron irse caminando, aún no han explicado el motivo que tuvieron para pactar aquel juicio abreviado; la jueza Delfino ha evitado referirse de manera pública a por qué firmó la "revinculación" familiar, aunque ha dejado en claro que tomó la decisión en base a los informes de la Senaf; desde este organismo, recién este viernes habló por primera vez su titular, la abogada Julia Reartes, quien sólo indicó que forman parte de "un mecanismo de corresponsabilidad donde hay diversos actores".

"Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en articulación con la justicia y es ella la que tiene lo que se denomina 'control de legalidad de las decisiones' que toma la Senaf", indicó Reartes.

Más imputaciones. El fiscal Gieco deslizó que, aunque ya están detenidos los dos presuntos autores materiales del crimen de Aralí, además de la madre, acusada por haber permitido el crimen ya que omitió cuidarla, la investigación recién comienza. Es que a partir de los datos judiciales que figuran en la causa, con los informes de la Senaf, ahora se evalúa ampliar las imputaciones en contra de los funcionarios de esa área que intervinieron en la familia Rauch-Simeone y no lograron advertir lo que realmente sucedía.

Cuestionamientos políticos. El impacto que ha tenido el crimen de Aralí también tiene su repercusión política. La noticia ha generado consternación nacional, ante los paralelismos que surgen con el asesinato del pequeño Lucio Dupuy en La Pampa, lo que obligó, hace tres años, a una profunda reflexión sobre cómo los organismos públicos analizaban los casos de maltrato familiar y las "revinculaciones". En las últimas horas, Walter Nostrala, legislador cordobés del Frente Cívico, solicitó la renuncia de la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero. "Le estamos pidiendo al gobernador Llaryora que de manera urgente aparte del cargo a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero. Alguien se tiene que hacer responsable de lo que sucedió. Si el gobierno cree que escondiéndose, no hablando, no dando la cara, el tema se termina, está muy equivocado", dijo Nostrala.

Mauricio Jaimes, de Juntos por el Cambio y al frente de la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, solicitó el apartamiento de la titular de la Senaf, Reartes, y de la subsecretaria de Protección de Derechos de niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Humano, Romina Cristini, "debido a la incompetencia en el desarrollo de sus cargos y el mal desarrollo y funcionamiento que se presta desde la Senaf en materia de niñez, adolescencia y familia".