“Había ya algunas cuestiones embaladas como para llevar. A la familia y al jefe de familia los encierran en una habitación, el hijo llama al 101 e inmediatamente llega la Policía al lugar. Hay un tema no menor que es la conmoción de la familia”, dijo en aquella mañana del 18 de diciembre de 2020 la jefa de Policía, Liliana Zárate.
A sus espaldas, una gruesa faja de seguridad señalaba que la vivienda de calle Julio Borda al 1200, barrio Urca, de la ciudad de Córdoba, se había transformado en la escena de un crimen.
Un joven ladrón de 18 años acababa de morir de un balazo policial adentro de la casa.
"Los primeros detalles que tenemos es que era inminente la situación de peligro para el personal policial y la familia y no hubo otra opción que la fuerza letal. En esos detalles estamos trabajando", agregaba, a su lado, el subjefe de la Policía, Ariel Lecler.
Ya era diciembre y estaba por terminar un 2020 funesto para la Policía de Córdoba y para la sociedad en general. Entre julio y octubre, tres casos de gatillo fácil policial habían detonado a la principal fuerza de seguridad de la provincia. No había margen político ni social para un nuevo escándalo.
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Pero hoy, 586 días después, Cadena 3 revela que en realidad no hubo nada legal en ese operativo: o sea, en menos de dos años ya hubo al menos cinco casos de gatillo fácil en la provincia.
Un nuevo escándalo que sacude los cimientos de una Policía en crisis.
Según se desprende de la acusación del fiscal Juan Pablo Klinger, confirmada por el juez de Control Pablo Cafferata, siete policías de diversas jerarquías deberán ir a juicio acusados de haber matado a un joven ladrón que estaba desarmado y de haberle "plantado" un arma para encubrir lo que realmente había ocurrido.
La investigación judicial impacta: pocas veces en Córdoba se puede leer con tanta nitidez cómo los policías alteraron una escena del crimen con el objetivo de engañar a la Justicia (y a toda la sociedad).
Siempre de acuerdo a lo que figura en el expediente, Cristian Agustín Araya, América Roxana Araya, Yamila Soledad Ortega, Eva Fernanda Araya, Federico Santiago Romero, Martín Alberto Muñoz, José Manuel Giménez e Isaías Daniel Luna habrían conformado una banda "mixta" que se iba juntando de acuerdo a cada episodio delictivo. A veces eran dos, otras cuatro, en ocasiones sólo los varones. Todos son oriundos de los barrios José Ignacio Díaz, Cooperativa Los Andes y General Urquiza, en la zona sudeste de la Capital cordobesa.
A ellos se los acusan por diversos asaltos ocurridos en los primeros meses desde 2020. Y, sobre todo, por lo que sucedió en aquella madrugada del 18 de diciembre de ese año.
A las 5, Cristian Araya, Martín Muñoz e Isaías Luna llegaron hasta la vivienda de barrio Urca. Treparon las rejas y se quedaron escondidos esperando a que el dueño de casa abriera el portón para salir a trabajar. La acusación sostiene que los ladrones tenían datos muy finos aportados por José Manuel Giménez, quien en ese momento era un guardia de la seguridad privada que habían contratado los vecinos del sector.
Incluso, se habían contactado con otros delincuentes a los que les ofrecieron participar del robo, quienes desecharon la invitación porque ese día ya tenían en agenda asaltar a un camionero.
Los tres jóvenes no iban armados. A las 5.10, apenas el dueño abrió el garaje, se le abalanzaron. Lo redujeron a golpes y terminaron por atarlo con los cordones de sus zapatos. Uno de ellos se quedó a su lado. Muñoz subió a la planta alta, donde estaban la esposa y el hijo del propietario. El joven había alcanzado a alertar al 101 de la Policía. En la planta baja, Isaías Luna (21) comenzaba a revolver la casa en busca de objetos de valor.
El primero en llegar solo en un patrullero fue el sargento ayudante Ariel Esteban Adavid, quien ingresó en el domicilio y se topó con Luna.
"En ese marco, después de dirigirse mentado Luna expresándole 'policía, alto, parate ahí, quédate ahí', sin que el asaltante ofreciera resistencia, Adavid, sobrepasando los límites impuestos para la defensa de la familia y apreciando erradamente la magnitud del peligro, desde una distancia aproximada a los seis metros, efectuó un disparo hacia Luna mientras éste se encontraba de espalda, valiéndose de su arma de fuego reglamentaria, proyectil que impactó en el cráneo de Luna", se apuntó en el informe oficial.
Luna murió alcanzado por un balazo policial que le ingresó por la nuca.
En ese momento, llegaron otros policías, que terminaron por detener en la casa a los dos cómplices de Luna.
Siempre de acuerdo a la acusación, los policías que arribaron fueron el suboficial principal Pedro Manuel Benka, el cabo primero Jorge Raúl Aguirre, el oficial inspector Jonathan David Tabares -quien revestía la función de Jefe de Compañía del CAP 10- y el sargento Adrián Aníbal Carranza.
La descripción que continúa no deja de generar impacto. Tabares le ordenó a Carranza que fuera en un móvil hasta su casa particular para buscar un revólver 38, al que luego se lo iban a "plantar" en la mano derecha del ladrón muerto.
En el medio, llegaron a Urca el oficial principal Sebastián Raúl del Valle Colella -quien revestía la función de Supervisor de Compañía en el CAP 10- y el comisario Fernando José Navarro -Superior de Turno del Distrito 10-.
El fiscal Klinger sostiene que estos jefes policiales "se unieron a la organización del plan delictivo" para alterar la escena del crimen.
"Con el objeto de que Carranza no fuera filmado al retornar a la vivienda con el arma de fuego descripta, el oficial inspector Tabares le ordenó a una subordinada policial que alejara del lugar del hecho el móvil 8825, con cámaras, que filmaba hacia la vivienda", se agrega en la acusación.
Esto no es todo: los policías demoraron la llamada a los servicios de emergencia, para que revisaran a las víctimas del robo y constataran la muerte de Luna, con la idea de poder "plantar" el arma antes de que llegaran los médicos.
El arma finalmente fue colocada en la mano derecha de Luna e incluso, cuando los peritos llegaron, constataron que tenía su dedo índice en el gatillo. Se les escapó un detalle: el joven era zurdo.
Además, Adavid declararía luego que se topó con Luna de frente y que este lo estaba apuntando, por lo que le disparó. La autopsia determinó que el balazo que lo mató le había ingresado por la nuca.
Este policía no es ningún novato. Tiene 48 años. Ahora, deberá responder por el delito de homicidio en exceso de la legítima defensa.
El resto de los policías acusados fue imputado por encubrimiento agravado y falso testimonio.
Los ladrones, en tanto, soportan imputaciones que van desde el intento de robo hasta amenazas.
Pero esto no termina aquí. Al repasar los archivos de los Tribunales de Córdoba surge que el oficial Tabares ya tiene otras dos causas graves en la zona de Granja de Funes 2 y Monja Sierra, cerca de Los Boulevares. En ambos casos, ocurridos en 2015 y 2016, se lo acusa por detenciones ilegales, golpiza a los detenidos (uno de ellos recibió un disparo en un ojo y tuvo que ser operado) y, no podía ser menos, también por "plantarle" un arma.
