Tiene 14 años. Cualquiera puede suponer que recién se está asomando a la vida. Pero hace ya un buen tiempo que su identidad tiene una connotación perversa: bandido. Así se asume, al igual que varios de sus pares, cuando alardea de sus fechorías. En las redes sociales, no dejaba de subir fotos con motos que jamás pudo haber comprado. Las mismas con las que cada noche salía de manera furtiva, primero en Villa Carlos Paz, de donde es oriunda su familia, y luego en la ciudad de Córdoba, donde se conformó la banda que le dio cobijo.
Desde el martes soporta una acusación terrible: homicidio en ocasión de robo.
Antes de detenerlo, el fiscal Andrés Godoy le mostró las cartas de la investigación a la abogada que representa a la familia de Sebastián Villarreal. El asombro ya no fue sorpresa. Dos adolescentes de sólo 14 y 17 años aparecen como los principales sindicados por el asesinato de este trabajador, padre de dos hijos, que el pasado 29 de febrero a la madrugada fue ejecutado a tiros en la puerta de su casa de barrio Yofre Norte por motochoros que le quitaron su moto.
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Fuentes que siguen bien de cerca esta causa aseguran que no se trata "sólo" de dos delincuentes pasados de drogas. Sino que detrás del crimen de Villarreal asoma un entramado delictivo que deja en evidencia una realidad que se le vino encima a Córdoba.
El joven de 14 años no es responsable ante la ley. O sea, robó y mató -según se presume- pero jamás se podrá hacer cargo.
Su supuesto cómplice de 17 sí quedó alojado en Complejo Esperanza. Se sabe que se trata de un joven con domicilio en Ciudad Evita, heredero de una pésima tradición familiar. Su padre está preso acusado de matar a tiros desde un auto, hace un año, a un joven de barrio Primero de Mayo, en medio de una disputa inconfesable. Su abuelo, a quien todos llaman por su particular apodo, tiene un prontuario por robos que sólo dice la mitad de lo que realmente en el barrio se sabe de él.
En la causa se sostiene que además de estos dos adolescentes hay al menos dos laderos más, de 19 y 20 años. Roban motos, las reducen para la venta ilegal, consiguen armas de fuego y las balas, las entierran para esconder y, al mismo tiempo, hacen de soporte en las inmediacioens de cada asalto para asegurar que los delincuentes puedan escapar sin ser advertidos por las cámaras de seguridad.
Esta complicidad de mayores de edad hizo que el fiscal Godoy pudiera sostener la causa en su jurisdicción y no enviar todo a un Juzgado Penal Juvenil, donde las causas penales por lo general se quedan sin contexto. Aún se buscan a más integrantes de esta supuesta banda.
Ya se sabe que los acusados utilizaban sus redes sociales para alardear de los robos. Incluso, uno de los ahora detenidos, le supo escribir a una vecina, a la que pretendía seducir, contándole cómo se había involucrado en "los peores" asaltos. "Soy bandido", escriben, como una declaración de principios. Hacen de la delincuencia una jactancia y un modo de vida.
El caso extremo del adolescente de 14 años interpela demasiado: ¿cómo viajaba en moto cada noche, ida y vuelta, desde Villa Carlos Paz a Córdoba sin ser detectado por ningún control policial? ¿de qué sirvió las tantísimas veces previas que había sido detenido? ¿qué valoró el juez que sistemáticamente ordenó devolverlo a su casa?
Los cuatro acusados eran conocidos de sobra del Estado. Porque ya los había tenido bajo su ala. Pero nada impidió que salieran a robar, otra vez. Y a matar.
La última imputación, la peor, recayó en la jueza Penal Juvenil de Córdoba, Nora Giraudo. La funcionaria judicial ha contado más de una vez el cansancio que le genera ver cómo la delincuencia juvenil se reproduce como una rueda infinita, plagada de impotencias e ineptitudes oficiales.
Buena parte de sus colegas eligen otra mirada: releen el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que indicó que ningún menor de 16 años pueda ser alojado en Complejo Esperanza, por lo que se alzan de hombros y los dejan en libertad.
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La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), uno de los organismos más cuestionados hoy en Córdoba, repite lo mismo: no existe ningún mecanismo en Córdoba para contener a los menores de 16 años involucrados en delitos graves.
Complejo Esperanza, el único lugar para adolescentes menores de 18 años en conflicto con la ley penal, sólo puede albergar a los de imputabilidad restringida (de 16 a 18).
Las residencias de la Senaf fueron diseñadas para contener a niños y adolescentes vulnerables, víctimas de múltiples violencias, que han tenido que ser retirados de sus hogares para su contención. Pero allí no hay guardias, sino tutores, y las libertades no pueden ser restringidas de ningún modo.
¿Y entonces? En el decreto de siete páginas que firmó en relación a este caso, la jueza Giraudo le ordenó a la Senaf que se hiciera cargo de todas formas. "Disponer el retiro de T.B.V. debiendo ser derivado a un lugar adecuado, en un dispositivo exclusivo para jóvenes no punibles, para su mejor estudio, por el tiempo indispensable, con régimen que incluya medidas que impidan la externación por su sola voluntad", se lee al concluir la resolución.
Giraudo no se resigna ante la impotencia estatal. Y manda a la Senaf a alojar a este adolescente en un dispositivo que hoy, en la práctica, no existe en Córdoba. La urgencia tiene un fundamento: no puede regresar a la calle.
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La estadística acompaña esta inmensa preocupación.
Según un estudio interno del Poder Judicial de Córdoba, entre 2021 y 2022 aumentó en un 37 por ciento la participación de menores de 18 años en delitos. Se trata de una foto que ya se puso vieja, pero ningún funcionario judicial duda de que es el piso de una realidad que desde entonces no dejó de aumentar.
Más de la mitad de los involucrados en esa estadística, el 55 por ciento, era menor de 16 años al momento de producirse la acusación. O sea, se trataba justamente de una franja que para la ley es no punible, es decir que requieren un tratamiento judicial diferencial. Al no existir ningún dispositivo especial para esta franja, la mayoría no estuvo ni 30 días con la libertad restringida. La puerta giratoria exprés del delito juvenil.
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El mismo estudio agregó más variables: la mitad de los jóvenes admitió consumir algún tipo de sustancia psicoactiva.
Drogas (potenciadas por el avance del "pipazo") y armas que se consiguen de manera más que simple en los barrios de Córdoba.
Y también en el interior. En Río Cuarto hay un caso obsceno: un adolescente de 14 años recién cumplido que desde los 9 es objeto de todo tipo de intervenciones judiciales. En los últimos años, fue detenido 32 veces por diversos delitos. Sólo en lo que va de 2024, ya fue descubierto robando en 13 ocasiones. Su desamparo familiar es evidente. Pero en cada resolución, la Justicia ordena que vuelva a su casa. Aunque no lo firme el juez, la realidad es que lo devuelve al delito.
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Otro caso que generó muchas críticas ocurrió el domingo último, en uno de los accesos de villa El Nailon, de la ciudad de Córdoba. En plena tarde, los policías que patrullaban por ese sector caliente detuvieron a un adolescente de 16 años, quien entre sus ropas llevaba un revólver calibre 32 con cuatro cartuchos. La detención fue seguida por la reacción de un grupo de vecinos que atacó con objetos de todo tipo a los policías.
Sólo ocho días antes, este mismo adolescente ya había sido detenido en las inmediaciones del show de la banda Tan Biónica, en el estadio de Instituto, cuando junto a un grupo de barras amedrentaba a "naranjitas". En ese momento, se los detuvo con una nueve milímetros escondida en un bolso. ¿Cómo con 16 años volvió tan pronto a la calle, si lo habían acusado de integrar una barra que amenazaba para lograr el control de un territorio?
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El interrogante tiene otro aditamento: ¿qué informe socioambiental y familiar le elevaron desde la Senaf a ese Juzgado Penal Juvenil para que ordenara tan rápido su libertad? Con sólo observar las redes sociales de ese adolescente es muy simple encontrar posteos en los que se lo ve armado y haciendo un culto del delito.
La radiografía es dura: en Córdoba hay muchas bandas de ladrones y son cada vez más jóvenes los que incursionan en el delito. El dato surge tanto de la Policía como de la Justicia. El fracaso social evidente, tanto en educación como en oportunidades laborales, potenciado por las condiciones macroeconómicas del país, ha llevado a una crisis que nadie puede discutir.
La esquina hace tiempo que le viene quitando pibes a las aulas. Los narcos y los barras asoman en los barrios como un ideal de progreso. Cuando la distribución del futuro asoma como desproporcionada, el ahora se transforma en un anhelo que pervierte todo.
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