Un año después de haberla imputado por el delito de abuso de autoridad, el fiscal anticorrupción Matías Bornancini solicitó el sobreseimiento de la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana María Becerra. Se trata de una causa conexa al gatillo fácil que tuvo como víctima a Blas Correas (17).
El joven fue asesinado en los primeros minutos del jueves 6 de agosto de 2020, en plena cuarentena, cuando dos policías apostados en un control en la avenida Vélez Sársfield, al sur de la ciudad de Córdoba, abrieron fuego contra el auto en el que viajaba junto a cuatro amigos. ¿El motivo de la balacera? Que el conductor no frenó ante la seña de los policías. Uno de los cinco balazos ingresó por la luneta e hirió por la espalda a Blas, que iba sentado en el medio del asiento trasero.
La causa tuvo múltiples derivaciones.
Por un lado, 13 policías esperan ser juzgados este año acusados por una gama de delitos, desde el homicidio hasta el encubrimiento, ya que luego de matar a Blas los uniformados intentaron "plantar" un arma para simular un inexistente intercambio de disparos.
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Además, tres empleados de la clínica Aconcagua también fueron acusados por no haber auxiliado al joven herido cuando sus amigos lo llevaron en busca de auxilio.
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Pero esto no fue todo. El fiscal José Mana había girado al fuero anticorrupción la parte que le tocaba al Tribunal de Conducta Policial, ya que los dos policías que dispararon contra el auto en el que viajaban Blas y sus amigos estaban trabajando armados pese a tener sendas causas penales previas.
Lucas Gómez, el que disparó el tiro que mató a Blas, ya estaba imputado por haber encubierto al violador serial de La Calera, Leandro Castañares (atacó seis veces en 2016). En febrero último, Gómez terminó condenado por este caso a una pena de dos años y medio de prisión de ejecución condicional.
El otro policía que disparó contra el auto Fiat Argo fue Javier Catriel Alarcón, quien estaba imputado desde 2013 por agredir a un remisero en un control vehicular en Pilar.
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El 11 de mayo de 2021, el fiscal Anticorrupción Bornancini imputó por el delito de abuso de autoridad a Becerra, a quien se le reprochaba haber autorizado que estos dos policías volvieran a la actividad en la fuerza pese a que continuaban imputados.
Tanto Gómez como Alarcón estuvieron un tiempo en situación pasiva y luego regresaron a su trabajo dentro de la Policía.
En su momento, Becerra ensayó una explicación pública: dijo que el Tribunal de Conducta Policial podía ordenar que una persona imputada regresara a trabajar (por demoras en la causa, porque se entendía que ya no podía entorpecer la investigación o por cualquier otro motivo), pero que la decisión de darle un arma y reponerlo en un lugar en contacto con la sociedad civil ya era puramente policial. O sea, apuntó en dirección a la propia Jefatura de Policía.
Ahora, tras analizar el descargo de Becerra y la ley del Tribunal de Conducta Policial, el fiscal Bornancini solicitó el sobreseimiento de la funcionaria pública. El juez de Control Gustavo Hidalgo deberá resolver.
Aunque no hubo ninguna declaración oficial al respecto, fuentes que siguen de cerca la investigación aseguraron que la normativa del Tribunal de Conducta Policial en ningún lado dice que es delito reincorporar a un policía imputado, aún sin condena.
"El reglamento disciplinario deja un amplio margen de discrecionalidad para que el Tribunal resuelva en estos casos. Como toda resolución administrativa, puede generar responsabilidades, civiles o funcionales, pero no penales", amplió la fuente en relación a cuál sería el justificativo para solicitar el sobreseimiento de Becerra.
La mala praxis del Tribunal de Conducta Policial no pasó inadvertida a nivel de reproche social y político. A fines de 2020, la Unicameral aprobó la creación de un nuevo Tribunal, conformado por funcionarios judiciales y políticos.
De esta manera, el Tribunal que aún dirige Becerra (depende del Ejecutivo), ya no está operativo, sino que sólo se dedica a terminar con los miles de expedientes que ya tenía acumulado. Después de esto, cerrará de manera definitiva.
El hecho de que Becerra haya continuado al frente, pese a esta imputación, también generó críticas a nivel político y al interior de la propia Policía.
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