Tres empleados administrativos de la clínica Aconcagua, de Nueva Córdoba, serán enviados a juicio en el marco de la investigación por el gatillo fácil que se cobró la vida de Valentino Blas Correas (17).
En los primeros minutos del jueves 6 de agosto de 2020, policías apostados en un control ubicado en la avenida Vélez Sársfield, al sur de la ciudad de Córdoba, dispararon contra un Fiat Argo en el que viajaban cinco adolescentes porque el conductor no frenó ante las señas de uno de los uniformados.
De los cinco disparos, uno ingresó por la luneta y se incrustó en el omóplato de Blas, quien iba en la parte de atrás del vehículo, al medio, y murió minutos después.
Luego de los balazos, los policías "plantaron" un arma con el objetivo de justificar los disparos mediante un "falso" enfrentamiento, algo que la Justicia descubrió.
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Tras los disparos, el conductor del Argo llevó a Blas hasta la clínica Aconcagua, pero allí no consiguió que lo atendieran. Un empleado administrativo salió a la calle, vio al joven malherido y el auto baleado (tenía una rueda pinchada), pero le respondió al conductor que allí no iban a poder atender al adolescente baleado.
Ante esto, los jóvenes regresaron al auto y arrancaron hacia el Urgencias, pero en la esquina de Chacabuco y Corrientes fueron cortados por otros móviles policiales, que les impidieron avanzar. Allí, falleció Blas.
El fiscal José Mana, a cargo de toda la investigación, desdobló la causa en dos: por un lado, el homicidio y la responsabilidad policial; y por el otro, la falta de atención al joven en la clínica Aconcagua.
En aquel momento, Roberto Chacón, director del Aconcagua, había relatado que en el centro de salud había guardia las 24 horas, pero que los médicos nunca se enteraron de la llegada del joven herido hasta ahí porque un empleado administrativo fue quien trató con los adolescentes y no avisó al cuerpo médico.
"Nosotros tenemos guardia, pero ningún médico se enteró. El administrativo no dio aviso al cuerpo médico", precisó en aquel momento a Cadena 3.
Ahora, el fiscal Mana, tras recibir las conclusiones de un estudio interdisciplinario, acaba de resolver enviara juicio a tres empleados administrativos del sanatorio: Fernando Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzaccapo. Mientras que al primero le endilga el supuesto delito de "abandono de persona", las dos mujeres responderán por "omisión de auxilio".
Los tres continúan en libertad.
"Luego de meses de investigación, y la realización de dos pericias médicas interdisciplinarias practicadas por el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médicas y sanitarias en Bioética perteneciente al Poder Judicial, más la intervención de dos reconocidos médicos del fuero local, propuestos como peritos por los imputados, todos avocados en búsqueda de determinar si Blas había arribado con vida al Sanatorio, y en caso afirmativo, si los empleados del hospital habían tenido un grado de responsabilidad al no haberle permitido el ingreso a Blas, el fiscal Mana, logró determinar a través de todas las pruebas incorporadas a la causa, que Valentino Blas Correas no solo que arribó con vida al Sanatorio Aconcagua, sino que se retiró del lugar con signos vitales, y que en el nosocomio no se le brindó la ayuda necesaria que la ocasión ameritaba para intentar salvarle la vida", se destacó en los Tribunales 2.
Y se amplió: "A través de los videos internos del Sanatorio y de distintas declaraciones de testigos, la Fiscalía logró determinar que una amiga de Blas de 17 años de edad, logró ingresar al interior del Sanatorio y con gritos de desesperación requirió una atención inmediata para su amigo, quien minutos antes había recibido el disparo de un arma de fuego policial. Pese a los ruegos y a los llantos de la joven, los mismos no fueron suficientes para hacerle cambiar de opinión a Casalino, quien no se hizo cargo so pretexto de que el hecho había ocurrido en la vía pública. Mientras tanto, las coimputadas Mezzacapo y Moya guardaron absoluto silencio, omitiendo deliberadamente procurar cualquier tipo de auxilio inmediato para el herido".
En ese punto, el mayor reproche fue para Casalino: "Asimismo, el fiscal Mana, logró determinar que el empleado administrativo, de mayor antigüedad del sanatorio, Fernando Casalino, salió del interior del nosocomio, tomó contacto con Valentino Blas Correas quien se encontraba agonizando sobre la carpeta asfáltica frente al hospital, y observó la herida que este había recibido por el disparo del arma de fuego. Sin embargo, inexplicablemente, siendo que el herido debía quedar bajo la órbita del cuidado de la Clínica, Casalino, lejos de hacerse cargo del herido para recibirlo como correspondía e ingresarlo para su atención, o al menos llamar al servicio de emergencia del 107, decidió levantarlo y cargarlo como si fuera una bolsa de papas (según manifestaron testigos presenciales), para seguidamente introducirlo nuevamente al rodado, desentendiéndose así de su obligación, haciéndolos cargo a los dos jóvenes desesperados para que se ocuparan ellos del traslado del herido hasta el Hospital de Urgencias, no obstante haber advertido que Blas presentaba visiblemente un orificio de bala en su torso y que el rodado en el que se conducían sus ocupantes carecía de condiciones de circulación, ya que presentaba cinco impactos de arma de fuego, uno de ellos en la cubierta trasera del lado del conductor, lo que impedía su normal locomoción".
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Además, el año pasado ya habían sido enviados a juicio 13 policías, entre ellos los responsables directos del asesinato de Blas, los cabos primeros Javier Catriel Alarcón y Lucas Damián Gómez, quienes deben responder en el debate como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policías”.
Mientras que los restantes acusados son Juan Antonio Gatica, Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza, Ezequiel Vélez, Leandro Quevedo, Sergio González, Jorge Galleguillo, Wanda Esquivel, Walter Soria, Yamila Martínez y Enzo Quiroga.
Los 13 efectivos están acusados de distintos delitos como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, abuso de autoridad calificada, encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público".
El juicio aún no tiene fecha porque la Cámara de Acusación debe resolver los recursos presentados por dos abogados defensores.
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