Una resolución que es mucho más que un pedido de prisión preventiva contra cinco jefes penitenciarios detenidos. Las 302 páginas que llevan la firma del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier constituyen no sólo una gruesa acusación contra el ahora exhombre fuerte de las cárceles de Córdoba durante una década y media, Juan María Bouvier, sino una cruda descripción de la corrupción en los penales de Córdoba, según se sospecha.
Bouvier, su pareja Silvia Guadalupe Barbero, Víctor Hugo Vivas, Darío José Tello Pajón y Héctor Hugo Robledo, todos con altísimos cargos hasta fines del año pasado en el Servicio Penitenciario está acusados por Gavier de haber conformado una asociación ilícita en la que prácticamente todo tenía un precio en el interior de las cárceles. Junto a ellos, en otras causas conexas, aparece otro grupo de jerárquicos conformado por Sergio Alejandro Guzmán, Andrés Américo Aciar, Néstor David Gómez y Edgar Ezequiel Arroyo.
Los acusados "habrían consolidado una asociación criminal orientada a la comisión de múltiples e indeterminados delitos, violando la confianza depositada, afectando el debido tratamiento penitenciario de los individuos privados de su libertad; la seguridad de los establecimientos penitenciarios, la fe pública; el regular funcionamiento de la administración pública y del poder judicial; la propiedad privada; la salud espiritual de los reclusos y su entorno, como también el de distintas personas diseminadas por todo el país que vieron afectados sus patrimonios a raíz de las acciones ilícitas desplegadas, como consecuencia del accionar ilícito de la organización", resaltó el fiscal.
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Gavier indicó que los jefes del Servicio Penitenciario no sólo que debilitaron los tratamientos carcelarios, sino también todo lo concerniente a la seguridad, posibilitando el ingreso de cualquier elemento prohibido y formando un "cogobierno" con los delincuentes encerrados allí.
Se trata de una resolución que no tiene antecedentes en todo el país y que desnuda como nunca antes la realidad de las cárceles.
Tarifas
En la acusación, Gavier sostiene en base a la prueba acumulada que hasta fines del año pasado (Bouvier fue detenido en su oficina en diciembre último), había una verdadero "tarifario tumbero":
Ser “pluma” (jefe) de un pabellón: 1.200.000 pesos por seis meses, debiendo abonar cada mes 600 mil pesos.
Ingreso de un celular de alta gama: 600 a 800 mil pesos.
Un celular de media gama: 500 mil pesos
Traslado a otro establecimiento carcelario: 400 mil pesos.
Resguardo de integridad física: 250 mil pesos.
Visita privada: 180 mil pesos.
Atención médica: 150 mil pesos.
Ingresar un elemento cortante: 25 a 50 mil pesos.
No revisar las encomiendas que le enviaban a los presos: 15 a 20 mil pesos.
Una videollamada: 15 mil pesos.
Una hoja de marihuana: 8 mil pesos.
Chips: 5 mil pesos.
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Cursos
El fiscal también describe con asombro cómo se habrían falsificado cursos adentro de la cárcel, con el objetivo de engañar a los jueces de Ejecución Penal que pueden otorgar una reducción de la pena de acuerdo a la cantidad de estudios realizados dentro de una cárcel.
"Los certificados de estudios que eran invocados por distintos imputados de causas instruidas en la fiscalía, siendo cuanto menos llamativo que la mayoría de ellos contenía estampados sellos de dos instituciones: Celsius e Instrumenta, en conjunción con la Facultad Regional San Francisco de la U.T.N. Los certificados, acreditaban que los internos habían completado exitosamente cursos de las más diversas temáticas, en general de 90 horas de cursado online. En primer lugar, la instrucción advirtió que ni la Facultad Regional San Francisco de la U.T.N., ni Celsius como así tampoco Instrumenta gozaban vinculación alguna con el Servicio Penitenciario o con el Ministerio de Justicia, con lo cual, la hipotética prestación de dictado de cursos por parte de éstas instituciones nunca debería haber ocurrido. Además, burdamente podría haberse convenido que los internos realicen cursos de dictado online, puesto que no debería existir posibilidad material de acceder a una clase online al estar prohibidas las computadoras y los celulares y carecer los establecimientos de WiFi", resaltó Gavier.
Traslados (otro caso Carmona)
A cambio de 25 mil dólares, sospecha Gavier, esta presunta asociación ilícita prestaba otro servicio: presos podían ser trasladados al penal de Villa Urquiza, en la provincia de Tucumán, cuyo régimen es por demás flexible, ya que se trata de una granja.
Para ello, los penitenciarios habrían asesorado a los familiares de los detenidos, quienes debían viajar a Tucumán y presentarse en una comisaría para solicitar un certificado de cambio de domicilio (algo que no era real). Ya con este papel, el preso pedía el traslado a Tucumán por razones de vinculación con su familia, y en tiempo récord el Consejo Correccional le daba el visto bueno.
Incluso, el juez de Ejecución de Sentencia de Tucumán, Gonzalo Ortega, advirtió esta anormalidad en 2022 y ordenó el regreso de cuatro presos cordobeses que habían sido trasladados a esa granja.
“Estos internos que estaban detenidos en Córdoba, llegaron en distintos periodos al Penal de Villa Urquiza, con la finalidad de acercamiento de vínculo con su familia. Después de un trabajo de inteligencia realizado en los últimos meses, se estableció que había una presunción de fuga, ya que el estrechamiento de vínculo familiar, que solicitaron, no era posible ya que todos sus parientes Vivian en la provincia de Córdoba. Además, recibimos oficios de la Justica de esa provincia donde ordenaban la libertad de los internos, que eran falsos”, explicó en aquel momento el director del Penal tucumano, Miguel Gómez.
Entre estos presos figuraba el interno José Antonio Tabella, con un grueso prontuario que incluye el asesinato de un policía. En tiempo récord, había logrado ser trasladado a la granja tucumana. Ya de regreso a Córdoba, relató ante la Justicia cómo su familia tuvo que pagar 25 mil dólares a las autoridades penitenciarias para lograr aquel beneficio.
Espionaje
Gavier también resalta que los penitenciarios ahora acusados habrían generado un aceitado proceso de inteligencia o espionaje.
Por un lado, Bouvier logró que el Gobierno nombrara a una de sus hijas, Denise, a cargo de la División Instructoria del Departamento de Actuaciones Disciplinarias Perteneciente a la Subdirección General de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria. Se trataba del antiguo Tribunal de Conducta Penitenciaria, que era interno y que fue reemplazado por el Nuevo Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria, de gestión civil. O sea, durante un largo tiempo, ella se podía enterar de cualquier subalterno que pretendiera denunciar la corrupción de sus superiores. En enero último, ya con el Servicio Penitenciario intervenido, fue pasada a otra área.
El fiscal subraya que hasta hoy los accesos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (del que depende el Servicio Penitenciario) están custodiados por guardiacárceles y no por policías o por seguridad privada, como en el resto de los ministerios oficiales.
“Bouvier tenía guardias en la puerta del Ministerio de Justicia (en lugar de que ese lugar sea custodiado por la policía), y con eso controlaba todo: quien ingresaba al edifico, cuanto se quedaba, con quien hablaba, ya que toda esa información se debe de anotarla en el libro de ingresos”, dijo un testigo citado por Gavier en la resolución.
Pero esto no es todo. El fiscal apunta que cuando debían declarar los primeros abogados detenidos por otra causa de corrupción dentro de las cárceles que también investiga Gavier, los jefes penitenciarios hablaron entre ellos para asegurarse que los guardias que los tenían que escoltar hasta Tribunales 2 "pararan la oreja", en relación a que debían escuchar qué declaraban estos acusados.
Descomunal ingreso de celulares
De los propios informes internos del Servicio Penitenciario, que solicitaba poder destruir los celulares incautados adentro de las cárceles porque ya no tenían lugar para almacenarlos, surge otro dato para el asombro: en 2021 se habían secuestrado 1.877 aparatos, mientras que en 2022 fueron 20.31. O sea, un promedio de cinco celulares hallados por día adentro de las penitenciarías.
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No sólo que los penitenciarios ya pedían con "naturalidad" la destrucción de los aparatos, sin cuestionar cómo habían sido ingresados, sino que un alto jefe que luego fue pasado a retiro forzoso por la cúpula comandada por Bouvier ya había denunciado, en 2021, el robo de cinco de los siete celulares que habían hallado dentro de una requisa en Bouwer.
El fiscal, que tiene varias causas por estafas carcelarias, remarca a lo largo de la acusación que los presos tienen un "arsenal" de celulares adentro de los pabellones.
El jefe que sigue siéndolo
Otro punto muy importante en la resolución dictada por Gavier apunta a que Bouvier, preso desde el 12 de diciembre, continuó gozando de toda clase de privilegios pese a estar ya detenido. Denuncia que los guardias tienen un trato preferencial con él, que recibe visitas que no debían estar autorizadas, que se comunicaría a través de un celular y que hasta le han ingresado bebidas y chocolates.
"Esto permite avizorar palmariamente que Bouvier no recibe el trato de un interno", acusó Gavier.
En un párrafo que apunta al corazón de la intervención penitenciaria que lidera el exfiscal federal Gustavo Vidal Lascano (el próximo mes se vence el plazo de la intervención), Gavier solicitó que Bouvier y los otros jerarcas detenidos sean trasladados a cárceles de otras provincias.
"En este sentido, resulta sumamente difícil inmiscuirse intramuros para controlar que se le dé el tratamiento correspondiente. En efecto, durante cada párrafo de la presente resolución se ha demostrado, con el grado de probabilidad suficiente que se exige para ésta instancia procesal, que durante la extensa gestión de Bouvier éste ha colocado agentes a él anuentes en cada esfera jerárquica. Por ello, se estima necesario considerar la posibilidad de trasladar a los imputados a otro establecimiento penitenciario ajeno a la provincia de Córdoba que pueda alojarlos como cualquier otro interno", denunció el fiscal.
Ministros en la mira
En la resolución, Gavier recuerda que Bouvier fue nombrado como jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba el 17 de marzo de 2008. El decreto fue firmado por el entonces gobernador Juan Schiaretti y quien en ese momento era ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo (hoy vocal del Tribunal Superior de Justicia). Bajo un estado de "emergencia carcelaria", en el que se advertía que las penitenciarías de la provincia estaban "obsoletas" y con sobre población, Bouvier fue empoderado.
Su gestión se desarrolló durante 5.748 días (15 años y medio), integrando el podio de los funcionarios públicos que más tiempo permanecieron en el mismo cargo en los últimos 24 años. Pasaron tres gobernadores (Juan Schiaretti, José Manuel de la Sota y Martín Llaryora) y cuatro ministros (Angulo, Martín Farfán, Julián López y Laura Echenique). Todos lo fueron ratificando, hasta que fue detenido, en su oficina, el pasado 12 de diciembre.
En diálogo con Cadena 3, el fiscal Gavier aseguró que la investigación no está terminada. Ha corroborado que Bouvier no sólo fue ratificado por las diversas gestiones políticas, sino que siempre logró el visto bueno para nombrar por debajo de él a funcionarios penitenciarios de su confianza, al mismo tiempo que iba pasando a retiro a aquellos que se le oponían. También pudo ubicar en dos puestos claves a sus dos hijas.
El fiscal sostuvo que este presunto nivel continuado de corrupción fue resultado no sólo de la actuación de Bouvier, sino también de la "inercia" y el mal uso del poder disciplinario por parte de las autoridades actuales y pasadas del Servicio Penitenciario.
Presos muertos
Otro párrafo impactante de la resolución de Gavier hace referencia a los presos que murieron en los últimos tiempos adentro de las cárceles de Córdoba.
"La integridad psicofísica de los internos no es ninguna prioridad para la institución, tan así que existen severos episodios de muertes de etiología dudosa que han sincerado de la peor forma esta realidad", acusó el fiscal.
Hace referencia explícita a 10 internos que murieron en episodios que aún se investigan en otras fiscalías bajo hipótesis de torturas o falta de atención médica a tiempo; además de otros 10 detenidos que aparentemente se suicidaron en sus celdas.
"Es espeluznante, tan estremecedor que cuesta entender cómo es que no se adoptaron medidas para contener psicológica y físicamente a los internos", finalizó Gavier.
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