Cayeron ocho prófugos por el impresionante "call center tumbero" de Villa María

Juan Federico

La investigación por un impresionante "call center tumbero" que funcionaba en uno de los pabellones de la cárcel de Villa María, con complicidad oficial -según sostiene el fiscal Enrique Gavier-, arrojó dos novedades de alto impacto en las últimas horas.

Por un lado, el juez de Control N° 7 de Córdoba, José Milton Peralta, rechazó los recursos defensivos y avaló por completo la investigación que hasta ahora ha desarrollado el fiscal instructor. 

Y, de manera paralela, la división Delitos Complejos de la Policía de Córdoba ejecutó una serie de allanamientos simultáneos en los que fueron detenidos ocho prófugos que tenía esta causa. A entender de Gavier, en su momento todos habían logrado evadir la captura porque dos policías de Investigaciones de Bell Ville les habrían avisado de estos operativos. 

Fueron aprehendidos seis mujeres y dos varones, todos de Bell Ville.

Hoy, en total, la causa tiene 36 imputados, la mayoría de ellos presos: tres empleados jerárquicos del Servicio Penitenciario, dos policías y 31 civiles.

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Entre los principales acusados, a los que se les ratificó la prisión preventiva, figuran quien hasta fines del año pasado era jefe de la cárcel de Villa María, Andrés Américo Aciar, el entonces Subdirector de Operaciones, Néstor David Gómez, y el Jefe de Seguridad de la penitenciaría, Edgar Arroyo.

Junto a estos tres jerarcas penitenciarios aparecía un preso, Sebastián Ezequiel "Pitu" Moyano en la pirámide de la supuesta organización criminal.

Además, asoman dos policías de Investigaciones de Bell Ville, a los que se acusa de haber suministrado información más que sensible para intentar evitar que esta causa no avanzara. Se trata de Santiago Martín y Mauricio Agüero.

A las obscenas imágenes registradas durante los allanamientos de septiembre, cuando en poder de los presos se secuestraron celulares en los que se filmaban escuchando música y riéndose de sus fechorías adentro de las celdas, se le añade una cruda descripción de cómo se ha aceitado el "call center tumbero en Córdoba".

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En esta causa, se advierten dos metodologías delicitivas, craneadas en el interior del pabellón 11. Los presos contaban, además, con una ventaja extra: justo la cámara de seguridad que enfoca a esta zona de la cárcel no andaba. Casualidades que nada tenían de causales.

Por un lado, a través de la red social de compra y venta de Facebook, Marketplace, los delincuentes simulaban ser clientes interesados en algún producto comercializado por un particular. Tras entablar contacto, les enviaban un comprobante falso de transferencia, en el que ubicaban un valor muy por encima del pactado. De inmediato, le avisaban al vendedor que por favor cancelara todo y les devolviera el importe, que se habían equivocado.

Todo era completamente falso, ya que nunca habían transferido nada. Pero la maniobra no acababa aquí.

De inmediato, otro cómplice de la banda llamaba al vendedor y simulando ser empleado de una sucursal bancaria le advertía que acababan de recibir un reporte por una transferencia equivocada, por lo que debían devolver el monto en lo inmediato o, caso contrario, le iban a tener que suspender el CBU.

Otra estafa consistía en vender rollos de alfalfa que en realidad no existían. Con fotos obtenidas de otros sitios de internet, publicaban una tentadora oferta en la web. Y solicitaban a los potenciales compradores una seña del 30 por ciento del valor total. Luego, cortaban todo tipo de comunicación. Hasta un fiscal cayó en esta maniobra delictiva.

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La fiscalía ya comprobó cómo una vez que lograban hacerse de alguna transferencia por parte de las víctimas, en sólo segundos, los delincuentes iban distribuyendo el monto en diversos CBU de otros cómplices.

La idea de esta maniobra es hacer muy dificultoso el rastreo de la ruta del dinero robado, ya que en contados minutos logran que pase por diversos CBU.

Los estafadores demuestran, así, tener "conciencia forense": saben lo difícil que resulta para cualquier fiscalía de Córdoba obtener un informe veloz por parte de una sucursal bancaria sobre los movimientos de un CBU. Si a esto se le añade que por cada robo el dinero fluye en hasta más de 10 CBU, el rastreo se vuelve, a veces, titánico.

Desde finales del año pasado, el fiscal Gavier viene desnudando la corrupción carcelaria en Córdoba como nunca antes se hizo. En total, tiene tres grandes causas enmarcadas en las penitenciarías de Villa María, Bouwer y Cruz del Eje. Uno de los golpes más fuertes ocurrió en diciembre último, cuando ordenó la detención del hombre fuerte del Servicio Penitenciario durante casi una década y media, Juan María Bouvier, un funcionario que durante años gozó del apoyo de los sucesivos ministros que tuvo el área.

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