Emanuel Vélez Cheratto rechaza que lo sindiquen como un "hacker". Este joven cordobés de 27 años, con sus raíces en barrio San Roque y con un prontuario que exceden los límites de la provincia, prefiere que lo llamen un "activista". Una suerte de especialista en delitos informáticos, al que todos conocen como "Líbero". Aunque depende a quién se consulte para ubicarlo de un lado u otro de la raya de la legalidad.
Es que "Líbero" en las redes sociales se muestra como alguien preocupado por detectar vulnerabilidades informáticas. Y hasta ofrece servicios para reparar estos potenciales riesgos.
Pero en la Justicia se cuenta otra historia sobre él. Acumula condenas por estafas y asociación ilícita en torno a un fraude de tarjetas de crédito y, además, por haber hackeado la página web del diario El Litoral, de Santa Fe, lo que le valió una sentencia en su contra por como autor de los delitos de "coacciones agravadas por ser cometidas de forma anónima; impedimento de la libre circulación de un medio de prensa; y acceso sin autorización a un sistema informático, en concurso ideal”.
En total, las condenas fueron unificadas en cinco años de prisión, aunque cumplió sólo dos en un penal de Santa Fe.
Antes, había quedado en la mira por el hackeo que sufrió en su cuenta en la red Twitter (ahora X) Patricia Bullrich en 2017, cuando también era ministra de Seguridad de la Nación.
Tras recuperar la libertad en agosto de 2019, se lo investigó por el hackeo a la base de datos de la Policía Federal Argentina, a través del cual se hicieron públicos datos y fotografías del personal policial.
Con una marcada impronta anti Bullrich, Vélez Cherrato también se ufanó de haber hackeado en 2015 la radio oficial de las Islas Malvinas para pasar al aire el Himno Nacional Argentino.
De allí, su proclama como "activista" cuya idea es demostrar las vulnerabilidades de los sistemas oficiales.
Pero desde este martes, otra vez está preso.
Tras varios meses de seguimiento, la Policía Federal con base en Córdoba allanó tres domicilios de la ciudad y se lo llevó preso junto a Alan Federico Etchegoncelay, otro cordobés de 37 años.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedian los acusa del presunto delito de estafa agravada en perjuicio de la administración pública. Esta vez, se sospecha de una defraudación cibernética, con epicentro en la ciudad de Bariloche, que fue detectada en 2022.
En síntesis, se cree que habían generado una página digital apócrifa en la que los vecinos de esa ciudad abonaban multas de tránsito cuyos montos en realidad iban a parar a las cuentas particulares de ellos.
"Los nombrados habrían generado boletas de pago que habría aparentado ser de Cenat (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito), la cual presentaba una tipografía e imágenes similares a la correspondiente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, página web a la que distintas personas acceden para controlar que no registren infracciones de tránsito y, en su caso, para el pago de las mismas.
Así las cosas, el link de referencia en vez de generar una boleta de pago Centat del sitio oficial, habría redireccionado a una cuenta de Mercado Pago a nombre de la firma Datarg S.A., vinculada al correo electrónico [email protected], la cual estaba destinada por Etchegoncelay y Vélez Cheratto para recibir los pagos que podrían efectuar quienes quisieran abonar infracciones de tránsito, que podrían ingresar erróneamente a la misma y pagar, lo cual no les otorgaría el certificado de libre deuda correspondiente, perjudicando de ese modo, en un monto por el momento no determinado, el patrimonio tanto de quienes quisieran abonar la deuda que figuraba en dicha página web apócrifa como del erario público, Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad que debía recibir el importe correspondiente a infracciones registradas", se lee en la acusación del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Durante la investigación de la Policía Federal se constataron un domicilio de calle Leonor de Tejeda, en barrio Juniors, donde estaba viviendo "Líbero"; la sede de la empresa Datarg S.A. en calle Jerónimo Luis de Cabrera, de barrio Alta Córdoba; la casa de Etchegoncelay sobre calle Yapeyú al 1700, de San Vicente; y una llamativa vivienda de dos plantas ubicada en la esquina de Felipe de Albornoz y Vera y Zárate, en Altos de Villa Cabrera, donde los sospechosos habían montado una suerte de oficinas hacía solo dos meses. Allí, descargaron una importante cantidad de computadoras, que ahora fueron secuestradas.
En la causa se destacó que los investigados se movilizaban en vehículos de alta gama cuya propiedad figura a nombre de otras personas, lo mismo que la vivienda en la que fue detenido "Líbero".
Entre lo secuestrado en los operativos figuran, además, cinco millones de pesos en efectivo y una máquina de contar billetes.
