Cómo operaba "la banda del Servicio Penitenciario"

Juan Federico

Hasta septiembre último, Sergio Alejandro Guzmán (46) asomaba como un peso pesado en la estructura de las cárceles de Córdoba. Tras haber estado al frente del Establecimiento Penitenciario 9 (ex-UCA) y del penal de Cruz del Eje, hacía ya unos meses que había sido ascendido como subdirector de operaciones de la cárcel de Bouwer.

En la práctica era la mano derecha del hombre todopoderoso dentro del Servicio Penitenciario: Juan María Bouvier. Hasta que ambos cayeron en desgracia judicial.

Hace siete meses que Guzmán continúa adentro de la cárcel de Bouwer. Pero ya no puede salir. El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier lo acusa de liderar una presunta asociación ilícita junto a abogados penalistas y empleados del Gobierno de Córdoba que tenía como objetivo recaudar de todas las formas posibles prometiendo beneficios a los presos.

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Desde un asado para 10 personas hasta suculentas cifras de billetes en mano. Un amplio abanico de presuntos delitos que vuelve a dejar en evidencia el notable descontrol que existía al interior de las cárceles de Córdoba. 

Una proliferación de "quioscos" que terminó por llevar tras las rejas a quien se creía intocable, Bouvier, quien fue detenido en diciembre cuando se encontraba sentado en el máximo sillón del Servicio Penitenciario. El mismo lugar que ocupó durante 15 años, siendo avalados por diferentes gestiones ministeriales, pese a que las alertas judiciales se iban multiplicando ante cada call center tumbero desbaratado.

Un escándalo que obligó al Gobierno de Martín Llaryora a anunciar una veloz intervención de todas las cárceles de la provincia.

Junto a Guzmán, en esta causa aparecen tres abogados penalistas (Alfredo Ciocca, Gustavo Héctor Murga Molina y Julio Páez), un empleado (ahora despedido) del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Ramón Alberto Salas) y un familiar de un interno (Aldo Campos). Una supuesta asociación ilícita a la que aún le faltan más nombres, según advirtió el fiscal.

Ahora, al dictar las prisiones preventivas contra los siete acusados, Gavier dejó en evidencia situaciones tan absurdas como escandalosas. Jefes penitenciarios que prácticamente habían tarifado todo el "tratamiento" penitenciario, abogados que funcionaban como "soldaditos" de los narcos detenidos que les exigían toda clase de favores, detenidos que no eran liberados hasta que terminaran de pagar sus honorarios, pese a que la Justicia ya había ordenado su excarcelación...

"Desde fecha que no se ha logrado precisar con exactitud, pero por lo menos desde los últimos años, aproximadamente desde 2015, distintos funcionarios y empleados públicos pertenecientes a la institución del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, violando deliberada y recurrentemente los deberes de sus cargos, presumiblemente con fines de lucro, junto con múltiples reclusos y otros operadores externos, habrían ido consolidando una asociación criminal en los diversos establecimientos penitenciarios emplazados en el territorio provincial, hasta la fecha de sus respectivas detenciones, afectando el regular funcionamiento de la administración pública y el poder judicial; el debido tratamiento penitenciario de los reclusos privados de su libertad; la propiedad privada y la salud espiritual de distintas personas diseminadas por todo el país", acusa el fiscal.

De acuerdo al expediente, Salas y Campos se habrían "infiltrado" entre los familiares de los presos y entre los propios internos durante los días de las visitas carcelarias para ofrecer toda clase de gestiones a cambio de dinero: visitas, locutorios, informes favorables, agilización de dichos informes, avances de fase, fajinas, omisión de controles y traslados, entre otros.

Al abogado Páez se lo acusa de haber tramado junto a Guzmán una suerte de "servicios referenciados": desde el Servicio Penitenciario le indicaban a los detenidos que si lo contrataban como defensor, iban a poder gozar de algunos beneficios durante su estadía en prisión. 

Los honorarios, se sostiene en la hipótesis de la investigación, se repartían entre este letrado y el jefe carcelero.

"Se contactaba con los familiares o allegados de los internos y recibía de éstos el dinero, bienes o prebendas fruto de los beneficios brindados por la organización, deliberaba -en conjunto con Guzmán- las tarifas a cobrar a los internos según cada beneficio", se acusa.

"De tal modo -continúa la hipótesis del fiscal- Guzmán fue una suerte de proveedor de clientes de Páez; y Páez una suerte de abogado socio y cobrador para Guzmán a través de Campos".

En la causa se sostiene que Páez asumía la defensa penal de los reclusos que le eran señalados por Guzmán, "recibiendo ilegalmente información clasificada relativa al tratamiento penitenciario o a la causa penal de éstos con lo cual al tiempo que deslealmente competía con otros colegas, le posibilitaba cierta eficacia en torno a las pretensiones de los reclusos a través de la asunción de su defensa, además de los beneficios mencionados".

Al ordenar las prisiones preventivas, Gavier señala que otros dos abogados penalistas, Ciocca y Murga Molina, también habrían desempeñado un rol similar al de Páez dentro de esta presunta asociación ilícita.

De acuerdo a la investigación, entre Guzmán y Salas primero le exigieron a un preso que les pagara 60 mil pesos y un asado para 10 personas con objetivo de pasar de la cárcel de Cruz del Eje hacia una granja, pese a que este interno no podía hacerlo ya que tenía un antecedente de fuga de un espacio carcelario de condiciones de seguridad aminoradas.

Cuando la hija del preso pagó el dinero y entregó la carne del asado en el domicilio de Salas, en junio de 2022, el preso fue relocalizado en esa granja.

Luego, a fin de año, el mismo preso comenzó a presionar para lograr su libertad condicional, entre Guzmán y su abogado Ciocca le habrían exigido el equivalente en pesos a mil dólares para generar los informes internos favorables a tal petición.

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En 2021 se dio otra situación que el fiscal remarcó en la acusación. Sucedió cuando Guzmán estaba al frente del Establecimiento Penitenciario 9 y desde la Justicia llegó la orden para liberar a un detenido. Pero en lugar de cumplir con esta directiva de inmediata, el jefe penitenciario llamó al abogado Páez, que era el defensor del reo, y le avisó. 

En la llamada, el letrado le habría pedido que lo retuviera hasta que llegara él, ya que el detenido debía "poner la moneda". De esta manera, el preso estuvo ilegítimamente detenido dos horas más, hasta que llegó el abogado Páez.

En la causa se indica, también, que el abogado Murga Molina se contactó en diversas oportunidades con Guzmán para solicitarle una serie de favores en torno a un reconocido narcotraficante de Córdoba, Raúl "el Tuerto Cacho" Cuello, quien en ese momento estaba detenido en Cruz del Eje.

De manera insistente, desde la cárcel y con un teléfono cuya procedencia también se investiga, el narco presionaba a su abogado para que le consiguiera toda clases de beneficios adentro de la cárcel. El tono de las llamadas, según consta en el expediente, desnudan cómo el traficante le exigía al letrado que cumpliera con sus deseos.

Tras los pedidos de Murga, "Guzmán, cumpliendo funciones en la cárcel de Bower, se comunicaba con los jefes de seguridad de los módulos uno y dos de Cruz del Eje, como así también con sus respectivos directores, a fin de llevar a cabo gestiones en torno a las visitas del interno Cuello", remarcó Gavier en la acusación.

De esta manera, "el Tuerto Cacho" recibía visitas en el locutorio que no estaban autorizadas, además de tener encuentros íntimos fuera de las fechas pautadas por el reglamento interno.

El fiscal resaltó todo esto "no sólo por la evidente vulneración de los reglamentos carcelarios, sino porque socavaba profundamente el sistema de seguridad penitenciario, resultando indicativo de la degradación intencional del sistema, de la informal arbitrariedad con la que se manejaban sus altos funcionarios y del espurio lucro que se generaba por detrás, en un marco de connivencia entre presos, abogados y funcionarios".

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